ohn Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadunidense, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigan los crímenes de guerra perpetrados en el pasado reciente por militares de Estados Unidos en Afganistán y además, emprender pesquisas sobre las atrocidades cometidas por el gobierno de Israel en contra de la población palestina.

Asimismo, calificó a esa instancia de justicia de ilegítima y dijo que ya está muerta para nosotros. Cabe suponer que las aseveraciones de Bolton, un funcionario conocido por sus posturas atrabiliarias, su militarismo y su filiación ultraderechista, cuenta con el visto bueno de su jefe, quien ha manifestado ideas y actitudes parecidas, y que constituye, por tanto, un posicionamiento oficial del gobierno estadunidense.

Significativamente, mientras Bolton pronunciaba ese discurso en un encuentro de círculos conservadores y ultramontanos, afuera del recinto se desarrollaba una manifestación en protesta por la decisión de la Casa Blanca de cerrar la representación de la Organización para la Liberación de Palestina en Estados Unidos, una determinación terriblemente injusta que, para colmo, deja fuera a Washington de cualquier nueva búsqueda de paz entre los palestinos y el Estado judío.

De esta manera, la actual administración de la superpotencia vecina avanza en su empeño por destruir la institucionalidad y la legalidad internacionales en un terreno particularmente importante: el de la impartición de justicia por encima de las fronteras nacionales, una tarea que se ha vuelto cada vez más necesaria en un mundo globalizado en el que proliferan los crímenes de lesa humanidad. No puede soslayarse, por lo demás, que buena parte de esos crímenes han sido perpetrados por el poder militar estadunidense en sus incursiones bélicas y la justicia de Washington suele dejarlos sin castigo por la simple razón de que han sido ordenados desde la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado.

Es cierto que la superpotencia ha rechazado desde siempre someterse a la jurisdicción de la CPI, pero no había utilizado nunca semejante estridencia para descalificar a esa instancia internacional, único y último tribunal al que pueden recurrir los pueblos agraviados por delitos tan graves como el genocidio y la limpieza étnica.

En suma, el posicionamiento de Washington a este respecto es una clásica reacción de la fuerza en contra de la justicia, de la impunidad en contra de las leyes y de la barbarie en contra de la razón, y, por tanto, empuja al mundo hacia la ley de la jungla.