n entrega anterior (La Jornada, 28/8/18), dejamos claro cómo la aparición del ambientalismo y su meteórica carrera en los escenarios de los países industriales, y su consagración internacional (1972-92), casi coincidió con la aparición y el despliegue del neoliberalismo, representado por los regímenes de M. Thatcher en Inglaterra (1979-90) y de R. Reagan en Estados Unidos (1981-89). Desde entonces ocurrió una eficaz domesticación y neutralización del ambientalismo, cuyas versiones originales no sólo eran peligrosas para el sistema, sino que ponían en duda buena parte de los principios y valores de la sociedad industrial. En su libro Ecología y poder (2004) que analiza ese fenómeno, la socióloga española Beatriz Santamarina asienta: “Si los primeros informes analizados suponían una dura crítica contra la ideología dominante del crecimiento económico, poniendo en jaque a las teorías de la modernización y del desarrollo industrial tan en boga en los 60, el Informe Brundtland supone el triunfo enmascarado de una nueva era neoliberal. Un triunfo contextualizado por el aumento de las políticas conservadoras, la inminente caída de ‘la cortina de hierro’ y el abaratamiento de las fuentes de energía y de los recursos. Bajo el polisémico concepto de desarrollo sustentable, cuyo paisaje de fondo es el inicio y la restructuración del capitalismo, reaparece el viejo mito del progreso. No debe entonces parecer extraño que lo anterior a esta producción sea tachado de ‘catastrofista’, ‘apocalíptico’ o ‘radical’; las connotaciones negativas sirvieron para desacreditar un discurso que hacía peligrar los pilares del sistema”. En un artículo reciente, E. Gómez-Baggethun y J. M. Naredo han retomado el tema para analizar brillantemente lo ocurrido entre el informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento (1972) y la más reciente Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (2012). Sus conclusiones: el ambientalismo pasó de noción de crecimiento contra el ambiente a otra de crecimiento para el ambiente, de un énfasis en las políticas públicas a otra basada en las regulaciones del mercado, y de un discurso esencialmente político a otro explícitamente tecnocrático (Sustainability Science, 2015, 10:385-395). ¿Qué forma tomó este proceso global en México?

En México presenciamos en los 30 años pasados la gradual sujeción del poder político a los intereses del capital (empresas, corporaciones y bancos), lo cual tuvo efectos negativos sobre lo ambiental. Alcanzo a distinguir tres campañas paralelas: A) la degradación y neutralización de la política ambiental que se había iniciado apenas en 1994 con la fundación de la Semarnap; B) la intensificación de la privatización y mercantilización de la naturaleza (agua, bosques, minerales, biodiversidad, paisajes, semillas, genomas), lo cual buscó enmascararse con una vigorosa campaña de lavado de imagen de las empresas, y C) la aparición de un ambientalismo de élite, que por ingenuidad, superficialidad o interés, terminó ignorando, ocultando o haciendo invisible las dos anteriores campañas. Este ambientalismo neoliberal, lugar común en el discurso de funcionarios, expertos, consultores y organizaciones civiles, ha sido alimentado en lo ideológico por destacados científicos de la ecología mexicana.

La creación de un ministerio del ambiente en México fue producto tanto de la presencia de movimientos sociales fundamentalmente urbanos (como el Pacto de Grupos Ecologistas) como de la tendencia mundial que exigía integrar en las políticas públicas lo ambiental. Su aparición estuvo marcada por una alta presencia de cuadros científicos y técnicos, lo cual le otorgó cierto prestigio y permitió introducir leyes, definir marcos regulatorios y colocar las problemáticas ambientales en las políticas públicas. La exacerbación del neoliberalismo en los tres sexenios recientes fue provocando, sin embargo, el deterioro técnico de la secretaría lo cual se expresó en el arribo de funcionarios incapaces y corruptos, y en el relajamiento de las normas. La conflictividad socioambiental fue consecuencia directa de permisos otorgados de modo fraudulento en las zonas costeras, tiraderos de residuos tóxicos, proyectos mineros, cementeras, programas hidroeléctricos, parques eólicos y producción forestal. El caso extremo fue el del maíz y la soya transgénicos. Contra sus funciones centrales, la Semarnat se puso, en los litigios jurídicos, del lado de las corporaciones biotecnológicas y contra los ciudadanos y organizaciones que se opusieron a su introducción. El otro factor fue la reducción del presupuesto. Dos décadas de neoliberalismo fueron suficientes para arruinar la política ambiental, presidida en estos años por un vendedor de autos de lujo. Como en el resto de los ministerios, los mercaderes tomaron el poder.