n su sexto y, felizmente, último Informe de gobierno, Enrique Peña Nieto afirmó: Dejo un país mejor del que recibí hace seis años, con resultados tangibles. Bien, pero tales pronunciamientos no trascienden la perorata, porque el balance sexenal resulta diametralmente opuesto a lo presumido por el aún inquilino de Los Pinos.

En ese sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico ( Perspectivas económicas 2018-2019; la herencia económica, del que se toman los siguientes pasajes) ofrece un paseo por la realidad que hereda al gobierno de López Obrador.

¿Cuál fue el resultado sexenal? Un crecimiento promedio de 2.4 por ciento, similar al registrado en los pasados 36 años. Además, el Plan Nacional de Desarrollo y el Pronafide establecieron que, con las reformas, el crecimiento sería de 5.3 por ciento en 2018 (lo que, desde luego, no ocurrirá).

En el primer semestre de este año el Inegi reportó un aumento de solamente 2 por ciento y la tendencia del ciclo económico para el segundo semestre es a la baja en la mayor parte de los sectores y subsectores de la economía.

El incremento promedio de la producción industrial fue de 0.4 por ciento, el mismo que con Calderón, lo cual muestra el elevado costo que se paga cuando no se tiene una política de desarrollo industrial.

La variación promedio de la productividad laboral fue de únicamente 0.8 por ciento; la productividad total de los factores se contrajo 0.2 por ciento. En conjunto, ambos resultados muestran el limitado avance alcanzado en un rubro, que fue parte de la columna vertebral de los cambios legislativos realizados.

La inversión pública cayó 4.2 por ciento como promedio anual y la del sector privado aumentó 2.3 por ciento; positivo, pero insuficiente. De acuerdo con el Inegi, el indicador de confianza empresarial muestra que los empresarios de construcción, manufacturas y comercio tienen más de siete años (10 en manufacturas) sin considerar que es el momento adecuado para invertir.

La inflación está fuera del objetivo del Banco de México. La decisión de liberar los precios de combustibles, el incremento del precio de los energéticos y la depreciación del tipo de cambio (alrededor de 50 por ciento) mostraron la precariedad de la estabilidad macroeconómica.

Creció el endeudamiento público y su costo financiero: el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 5.8 a 10 billones de pesos. El costo financiero en 2018 (más de 650 mil millones de pesos) será superior a la inversión física.

Aún con las reformas, el mercado laboral se precarizó todavía más. En lo positivo, aumentó el número de trabajadores registrados en el IMSS (de 16 a 19.9 millones), pero tiene sus matices: las cifras de éste sólo contabilizan el empleo formal (generado por el sector privado).

En realidad, el mercado laboral total es mayor (54 millones de ocupados). ¿Dónde está el resto? No en el IMSS. La mayoría, en la informalidad: 30.6 millones. A ello se agregan 1.9 millones de desocupados y los empleados en el sector público. El México informal representa la mayor proporción de la ocupación en el país (57 por ciento del total).

Además, retroceso salarial: se perdieron 1.4 millones de empleos en el rango de entre dos y cinco salarios mínimos, 1.1 millones de entre cinco y 10, y 426 mil de más de 20. En total se cancelaron casi 3 millones de las fuentes de empleo mejor pagadas. Lo que se creó fue ocupación y empleo que paga hasta dos salarios mínimos (aumentó 6.3 millones).

En resumen, lo que realmente sucedió fue la democratización de la precarización salarial, no el incremento de la productividad o el beneficio productivo esperado por las reformas.

He ahí los resultados tangibles.

Las rebanadas del pastel

Que siempre sí: la UNAM desmintió al jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, quien la víspera declaró que la máxima de estudios no interpuso denuncia alguna por la agresión de los porros.

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