a respuesta de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante la agresión sufrida el 3 de septiembre por alumnos del plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fue una concentración de más de 30 mil jóvenes en el mismo lugar en el que sus compañeros fueron lastimados por grupos de choque. La admirable respuesta de estos universitarios motivada por la indignación ante los hechos de violencia ha abierto espacios más que a certezas a innumerables especulaciones, así como a la intromisión de intereses que se traducen en demandas alejadas de las que dieron origen a la movilización y ahora pretenden desvirtuarla.

Una interrogante que ha surgido tiene que ver con la identidad de los patrocinadores de los grupos de choque. Fue un ataque bien orquestado que buscaba provocar algo grave, con uno o dos muertos (lo que por fortuna no consiguieron), que revela la mente retorcidamente criminal de los responsables intelectuales de esos hechos. ¿Quiénes son? Este parece uno de los secretos mejor resguardados, pero los hilos que mueven a los porros y a otros grupos violentos en la UNAM tienen orígenes múltiples, algunos de los cuales comienzan a ser dilucidados; si provienen de partidos políticos (derrotados en las elecciones) o del gobierno a nivel local o federal, como han sugerido algunos analistas, se trataría de sus últimos estertores, pues el presupuesto se les acaba en diciembre. Pero si aquí aún no hay claridad, donde sí hay coincidencia unánime es que el objetivo de la provocación es alterar la transición y la llegada al poder de un nuevo gobierno respaldado por el voto mayoritario de los mexicanos.

Ligado al factor externo, se ha postulado también que hay una participación o colaboración de algunas autoridades universitarias con los grupos violentos. El porrismo no es algo nuevo. Varias décadas atrás, cuando fui estudiante en la Preparatoria 2 de la UNAM, mis compañeros y yo sufríamos constantemente las agresiones de los porros y me consta que esa complicidad existía. No dispongo de datos para afirmar que eso mismo suceda hoy, pero si así fuera, el factor interno puede erradicarse con facilidad si las altas autoridades de la universidad tienen la decisión de hacerlo, pues en una investigación interna sería fácil indagar en los distintos planteles quiénes colaboran con los grupos porriles o qué autoridades están siendo obligadas o amenazadas por ellos.

En este sentido resulta esperanzador el mensaje del rector Enrique Graue del 4 de septiembre, en el que se comprometió ante la comunidad universitaria y la nación a emprender acciones definitivas con el fin de erradicar para siempre estas agresiones. En esta dirección se encuentra la suspensión del coordinador operativo de vigilancia y el inicio de una investigación interna por parte de la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, la cual, si está bien orientada, podría conducir a limpiar la casa y acabar con las complicidades donde existieran.

Hay, no obstante, algunas señales ominosas, como el peloteo entre las procuradurías generales de la República y de Justicia de Ciudad de México, que sugiere que ninguna de las dos quiere asumir la responsabilidad en este caso, lo cual es una fuente de gran preocupación, pues ha tenido como resultado inicial la liberación fast track de dos personas presuntamente participantes en los hechos detenidas previamente por la instancia federal. Esta es una señal grave, ya que proyecta el riesgo de la impunidad, lo que va en el mismo sentido de la provocación.

Ahora, se quiere sepultar al incipiente movimiento en una modalidad particular de asambleísmo en el que aparecen demandas que no tienen nada que ver con la motivación original de los jóvenes, como exigir la renuncia del rector, la elección de autoridades por votación, los salarios de los profesores de asignatura, la adhesión a diversas demandas populares, etcétera. Es una forma de control que ya hemos visto antes, con técnicas que incluyen, entre otras, expulsar a los medios de comunicación y alargar al infinito las sesiones para imponer una agenda. Después de la provocación, es la pinza que se cierra con el mismo objetivo, en la que la UNAM puede quedar atrapada.

Adicionalmente, hay entre algunos universitarios e intelectuales una corriente que interpreta superficialmente los significados y alcances de la actual movilización, a la que se exige y se le quiere ver como segunda parte del movimiento del 68, con marcha del silencio incluida. El contexto actual contribuye por inercia a justificar la búsqueda del cambio. Pero el paralelismo entre el movimiento de hoy con lo ocurrido hace 50 años carece de fundamentos objetivos. Se les exige a los jóvenes algo que ya hicieron, pues su actividad creativa en las redes sociales, por ejemplo, y su presencia en las urnas fueron elementos determinantes para el avance democrático del país y para lograr la transición que hoy en su nombre se pretende obstaculizar.