Desde hace dos años el Ministerio Público Federal investiga presuntos actos de tortura física y sicológica contra más de 100 detenidos vinculados con el caso Iguala y los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el juicio de amparo 177/2015 del tercer tribunal unitario en materia penal con sede en Tamaulipas, y que promovió Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, presunto participante en la desaparición de los normalistas, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura de la Procuraduría General de la República (PGR), inició la averiguación previa 1013/UEIDT/48/2016 en la que se encuentran más de un centenar de posibles víctimas de tortura, “entre ellos las que señala la ejecutoria (emitida por el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito que ordenó a la PGR reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia).

Asimismo, informa que se recabaron de la Coordinación General de Servicios Periciales de dicha institución 12 dictámenes médico/sicológicos especializados para casos de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicados a igual número de personas que se señalan en la mencionada resolución, siendo en total 14 dictámenes, y que a la fecha continúan en la investigación.

▲ De los 130 detenidos por el caso de los normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, varios de ellos señalaron haber sido objeto de torturas físicas y sicológicas.Foto Roberto García Ortiz

Hasta el momento hay 130 detenidos vinculados con lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014; al menos 34 de ellos han señalado que fueron objeto de tortura o tratos crueles para obtener sus declaraciones; sin embargo, los efectos del amparo sólo aplican para quienes suscribieron las solicitudes resueltas en la sentencia.

En junio pasado el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel; Salvador Reza Jacobo, El Lucas; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, identificado como uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos.

En esa sentencia, en su momento el tribunal ordenó a la PGR reponer el procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.