La sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito de Tamaulipas que ordena reponer el caso Ayotzinapa y crear una comisión por la verdad y la justicia, con la participación de los familiares, ha sido rechazada por las autoridades federales, al grado que se han presentado alrededor de 200 recursos contra dicha resolución.

Así lo informó este martes el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la semana pasada realizó su segunda visita oficial a México para conocer el avance de las indagatorias por los crímenes contra los normalistas suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron seis personas asesinadas, varios lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada.

Además de con familiares de los estudiantes y las organizaciones civiles que los acompañan, los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH se reunieron con funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República (PGR); al igual que con integrantes del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En relación con la decisión del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito de Tamaulipas, la CIDH fue informada de que se presentaron aproximadamente 200 recursos en contra de dicha resolución y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciará respecto del alcance de la sentencia. La comisión estará atenta a la decisión final del alto tribunal de justicia, informaron.

La PGR dio a conocer ante los comisionados del organismo interamericano los avances en las diligencias, por lo que detalló sobre la detención de Juan Miguel N, alias El Pajarraco, y la relevancia de esa captura para esclarecer la participación de la organización delictiva Guerreros Unidos en los hechos.

El Estado también informó sobre los esfuerzos para investigar la posible participación de la Policía Federal y obtener información por parte de las autoridades estadunidenses que adelantan procesos judiciales contra presuntos miembros de Guerreros Unidos en Chicago.

Otro de los avances que los funcionarios presentaron ante el Mecanismo de Seguimiento fueron los asuntos relacionados con investigaciones sobre el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) de Iguala, así como a militares y policías estatales.

La CIDH solicitó información adicional sobre estas autoridades, así como de funcionarios municipales y los estudios de telefonía que se han elaborado por las instancias de investigación y procuración de justicia.

La delegación que visitó el país está conformada por los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitiño y Ernesto Vargas Silva; por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y especialistas de la secretaría ejecutiva.

Sobre la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, los miembros de la CIDH valoraron la implementación de la tecnología Lidar, y señalaron que continuarán monitoreando las actividades de búsqueda realizadas junto con la coadyuvancia para obtener pistas claras sobre el paradero de los estudiantes, quienes después de cuatro años aún continúan desaparecidos.