Durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por al menos 8 mil 900 millones de pesos, que incluyen la entrega de recursos a empresas fantasmas por conducto de universidades, la presunta adquisición de insumos –como paliacates– y la falta de registros.

En la Sedesol, donde Robles estuvo de diciembre de 2012 a agosto de 2015, corresponden 3 mil 300 millones de pesos, y a la Sedatu, donde permanece, 5 mil 655 millones de pesos. De esta cantidad de recursos sobre los que la ASF ha hecho observaciones, no se conoce todavía cuánto se ha recuperado. En junio la auditoría informó, sin precisar las dependencias a las que se refería, que debían devolver mil 88 millones de pesos y que presentaría denuncias penales por el desvío de 3 mil millones de pesos.

En la cuenta pública de 2013, la ASF reportó que la Sedesol realizó convenios con las universidades autónomas del estado de México y de Morelos, que recibieron contratos por 857 millones de pesos, en los cuales se detectaron anomalías por 845 millones. De esos recursos, 396 millones 838 mil pesos se destinaron a la compra de 31 millones de artículos como paliacates, tortilleros, playeras, globos, vasos y gorras al Grupo Comercializador Conclave y a Prodasa, que facturaron a empresas fantasmas.

En 2014, esas mismas universidades obtuvieron contratos de la Sedesol por alrededor de 500 millones de pesos. A la Universidad de Morelos se pagaron 426 millones de pesos, 83 por ciento de los cuales fueron para la empresa Esger, Servicios y Construcciones. Otro desvío de recursos fue por casi 500 millones de pesos, los cuales se destinaron al pago de pensiones superiores al monto establecido en las reglas de operación del programa, señaló el análisis de la cuenta pública.

En 2015, la ASF encontró que la Sedesol amplió la red de universidades contratadas y les asignó al menos mil 500 millones de pesos. Se trata de la Universidad Politécnica de Chiapas, que trianguló 121 millones de pesos; la Intercultural del estado de México, 62 millones; la Tecnológica de Nezahualcóyotl, 15 millones; Radio y Televisión de Hidalgo, 601 millones, así como a las universidades Tecnológica del Sur del estado de México, a la Politécnica de Texcoco y a la Tecnológica de Nezahualcóyotl, que en conjunto recibieron 701 millones.

En la Sedatu, la ASF, en la tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2016, encontró que fueron desviados recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias no identificadas. A las universidades se canalizaron mil 23 millones, a proveedores mil 489 millones, al Programa Hábitat 148 millones, al de Vivienda Digna y Rural 268 millones. A cuentas bancarias no identificadas se transfirieron 689 millones.