yer el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez logró que el Congreso de los Diputados aprobara la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco con el propósito de retirarlos de su mausoleo en el Valle de los Caídos, un colosal monumento erigido para dar sepultura a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y que es destino de peregrinación para los sectores ultraderechistas del país. No se puede exagerar la importancia de este acto para restituir la memoria histórica acerca del brutal régimen franquista: como señaló Carmen Calvo, vicejefa del Gobierno de España, no hay respeto mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que las víctimas.

Debe recordarse que a la muerte de Franco, en 1975, se abrió un proceso de transición a la vida democrática marcado por el entusiasmo ante el final de un periodo de opresión política y oscurantismo social e intelectual, pero también por la amplia amnistía a todos los responsables de asesinatos, detenciones arbitrarias, inhumaciones ilegales en fosas comunes y desapariciones forzadas, un rubro en el que, de acuerdo con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, España se encuentra sólo por detrás de Camboya. Para allanar el camino a la vida electoral, la naciente democracia española no sólo no juzgó a dichos criminales, sino que los integró plenamente al nuevo sistema político y les conservó las riquezas obtenidas durante la dictadura.

Tal naturalización del franquismo permitió que los descendientes del régimen –tanto políticos como sanguíneos– sigan controlando buena parte de la vida pública española. Esta situación se refleja cada cierto tiempo en episodios vergonzosos, como ejemplifica la campaña en contra de la exhumación emprendida por las grandes formaciones de la derecha, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's), que culminó con su abstención en la votación parlamentaria que abre la puerta al elemental acto democrático de cesar el culto al dictador.

En suma, así llegue con más de cuatro décadas de retraso, el decreto aprobado ayer representa un enorme triunfo para las víctimas del franquismo y para la concreción de una verdadera y no sólo formal transición democrática en la nación ibérica. Al mismo tiempo, no debe perderse de vista que el apoyo a los partidos filofranquistas constituye la mitad de la población electoral española, un alarmante recordatorio de los pendientes en materia de consciencia social y memoria histórica que aquejan a ese país.