res temas, con sus especificaciones y modalidades, han concentrado la atención pública en estos días: lo que se ha denominado austeridad republicana, la reforma educativa (RE) y la gestión de Rosario Robles Berlanga. En el abordamiento de ellos está impresa la huella del movimiento obradorista que ya gobierna el Congreso federal y que estará en Palacio Nacional dentro de dos meses y medio.

Pero, mientras estos y otros temas de claro impacto político y social están en el debate, los grilletes económicos tratan de imponerse, silenciosamente, en temas sustanciales como el manejo fiscal (con asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional, los contratos petroleros, la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y la confianza de los mercados con vista al retiro o el mantenimiento de inversiones en México.

Ayer mismo, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la ley de remuneraciones, que obliga a que ningún servidor público pueda ganar más de lo asignado al presidente de la República. Con insistencia, ciertos medios y determinados comentaristas han estado advirtiendo del riesgo de que tales restricciones salariales estén provocando, ya, preparativos para retiros voluntarios de personajes de alto nivel técnico y operativo que no están dispuestos a percibir sueldos recortados.

Las medidas de austeridad que ha impulsado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, buscan ahorros puros, pero, también, la eliminación de prácticas de abusos y corrupción que han caracterizado a la mayor parte de la élite política pluripartidista (por cierto, durante ya casi 12 años, esta columna y este opinante se han negado a referirse a los respectivos ocupantes fraudulentos de Los Pinos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como presidentes).

El punto de la reforma educativa ha sido igualmente cantado con toda anticipación. El propio López Obrador lo remarcó semanas atrás ante Peña Nieto. Ahora, ambas cámaras legislativas han emitido puntos de acuerdo (que históricamente han sido similares a las llamadas a misa) para exhortar a la administración actual a que incumpla la normatividad vigente y se abstenga de continuar con la evaluación de profesores.

El jefe político de San Lázaro, Mario Delgado, ha hecho saber con énfasis que no quedará ni una coma de la dizque reforma educativa que él mismo apoyó cuando era senador a nombre del Partido de la Revolución Democrática. Para efectos políticos inmediatos, la demolición avanza, aunque los segmentos más duros del magisterio no oficialista desconfían de la verdadera dimensión y profundidad del trabajo morenista con mazas y picos.

Rosario Robles Berlanga, por su parte, se colocó por voluntad propia como candidata de primer turno al ejercicio justiciero que la tribuna reclama desde ahora al gobierno por entrar. Ejemplo consolidado del ejercicio del poder público como fuente de estafas y pillerías, el paso de ella por dos secretarías de Estado ha dejado suficientes muestras como para activar mecanismos judiciales contra la corrupción a partir del próximo uno de diciembre. Buen servicio indeseado ha hecho Robles al obradorismo.

En tanto, el forcejeo sustantivo y contundente se está dando en el terreno económico. Las fuerzas del mercado están condicionando el próximo actuar del obradorismo. El futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, empresario derechista que ha sido la pluma final del proyecto de nación ganador de las recientes elecciones, ha anunciado que se han revisado los contratos petroleros signados hasta ahora y se ha visto todo bien, al grado de que ese obradorismo se sentiría cómodo, muy cómodo con esos textos y los negocios que amparan, si acaso con preocupación para ver cómo el próximo gobierno federal puede ayudar a que dichos negocios caminen pronto y bien. Al mismo poder del mercado ha dejado Romo la definición de las tarifas de venta de las gasolinas en el país.-

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