La mayoría absoluta de Morena-PES-PT en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de ley de salarios máximos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, para que nadie gane más que el presidente de la República. De nada valieron los alegatos de la oposición del PAN-PRI y MC quienes pretendían postergar la aprobación al 30 de septiembre y adicionarle cambios calificados por sus detractores. Ayer, la bancada morenista y sus aliados impusieron su fuerza numérica y política con miras al futuro cercano en el Congreso.

Del lado de Morena, Pablo Gómez autor de la iniciativa hace siete años, elevó el tono en tribuna y declaró que el régimen de privilegio aplicado a los elevadísimos salarios de la alta burocracia había fenecido. Sobrevino una larga cauda de argumentos desde las voces del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano, que si bien apoyaron la minuta en lo general, le reprocharon cuestiones de terminología y nombres de organismos. Es una minuta salida del invierno legislativo, adujo Rosa Sauri Riancho (PRI).

En el ordenamiento se mandata a los funcionarios del Poder Legislativo federal, de los entes públicos federales, tribunales administrativos de la Federación, procuraría general de la República, Presidencia de la República y las dependencias federales, recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

Antes, una vez decretado el inicio de los trabajos, en la zona que ocupa la burbuja de Morena, se concentraron los coordinadores parlamentarios de PAN, Juan Carlos Romero Hicks; de PRI, René Juárez, y por el MC, Tonatiuh Bravo. A ellos se sumaron Manuel Cavazos Lerma y el coordinador de MC, Alberto Esquer.

Rodearon a Pablo Gómez y al coordinador de Morena, Mario Delgado. La intención de los opositores era postergar la aprobación del dictamen, porque –argumentaron- infringía preceptos constitucionales y afectaría a todos los funcionarios que, mediante distorsiones legales han venido ganando mucho más que el Ejecutivo federal, como es el caso de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.

Tonatiuh Bravo presentó un documento escrito a mano a Gómez y Delgado, solicitando que la iniciativa fuera dictaminada por grupos de trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado (que se trabajara en conferencia) el 18 de septiembre y una vez que hubiera acuerdo se presentara para su votación ante el pleno, el 25 del mismo mes. Se trata de llevar en consenso el acuerdo, todos queremos que nadie gane más que el Presidente, recurramos al acuerdo.

El panista Romero Hicks abogó por prorrogar la aprobación, pues viola preceptos constitucionales. Y de inmediato, hábil, Pablo Gómez le reviró, ¿cuáles violaciones? Manuel Cavazos Lerma se asomó detrás de René Juárez, y argumentó: se viola el artículo 123, porque no se pueden afectar los salarios de los integrantes del Poder Judicial, no se les puede reducir el sueldo, y otra vez el representante Gómez, lo desmintió: ¡no, no es cierto, ya existe un artículo transitorio que echa abajo ese precepto.

Los representantes de los tres partidos rodeaban a los de Morena. Romero Hicks reclamaba que se postergará la aprobación, y Pablo Gómez sin perderle la vista, sacó un as: déjennos un espacio, para que también nos acomodemos. Sin hacerse para atrás, Gómez aguantó, insistió en mantener firme el proceso de aprobación. Y para darles la vuelta a los que pretendían que la fecha se cambiara para otro día, Mario Delgado, medio déjennos consultarlo con nuestros compañeros y les informamos. Incluso le pidió a Tonatiuh Bravo su propuesta hecha a mano, y hasta le sacó una firma autógrafa.