Los nuevos formatos para la declaración patrimonial y de intereses entrarán en vigor entre el primero de diciembre de 2018 y a más tardar el 30 de abril de 2019, resolvió el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En sesión ordinaria, el comité aprobó en lo general el nuevo diseño de formatos para la declaración patrimonial y de intereses que será obligatorio para servidores públicos que laboran en los tres niveles de gobierno de los tres Poderes de la Unión, así como en los órganos constitucionalmente autónomos.

El diseño dispone que las declaraciones serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad afecte la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

En tanto, por mayoría, los integrantes del comité aprobaron que los formatos sean exigibles a partir del primero de diciembre, cuando entra en funciones la nueva administración federal.

Al argumentar su voto disidente sobre la entrada en vigor, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que la formulación propuesta por este organismo giraba en torno a que fuera exigible la presentación de estos nuevos formatos el mismo primero de diciembre, ello para que se aplicara no sólo a funcionarios que por razones de la transición dejen de fungir con los cargos que ostentan a la fecha, sino con el fin de que se aplique de inicio a todos aquellos que integren a la nueva administración de gobierno.

En tanto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, argumentó que para la correcta implementación de los nuevos formatos se debe, en primer lugar, atender las adaptaciones tecnológicas e informáticas del sistema de declaraciones para poder llevar a cabo la captura íntegra de los datos solicitados a todos los servidores públicos.

Asimismo, la titular de la SFP destacó que es necesario llevar a cabo la capacitación técnica de todo el personal que tendrá a su cargo la operación para implementar los nuevos esquemas.

Se exhorta a que se destinen todas las capacidades institucionales por parte de la Secretaría Ejecutiva para contar con los sistemas que permitan cumplir con los objetivos que establecen la ley general de responsabilidades administrativas y la ley general anticorrupción, expresó Gómez González.

A la postura de Arely Gómez se sumó el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate.

La presidenta del Comité Coordinador, Mariclaire Acosta, emitió un voto concurrente, pues consideró que el formato debió aplicarse el primero de diciembre.

Durante la tercera sesión ordinaria, el Comité Coordinador del SNA aprobó una docena de asuntos más como el Programa Anual de Trabajo y los Lineamientos del Comité Coordinador para identificar y dar seguimiento a casos en los que se presuma la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, a fin de coordinar a los entes públicos involucrados.

De entre los puntos resueltos destaca la aprobación del protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el cohecho internacional.