urante el foro para la pacificación y la reconciliación nacional que se realizó ayer en el Centro Cultural Tlatelolco, en Ciudad de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador escuchó los reclamos y testimonios de familiares y víctimas de desaparición, tortura, asesinato, secuestro, feminicidio y otros crímenes. Acompañado de miembros de su equipo de transición, el próximo presidente se comprometió a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia, facilitar la labor de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y hacer todo lo que humanamente esté de su parte
para garantizar la justicia.
Es necesario saludar este acto de escucha del político tabasqueño, que además viene precedido por otros gestos para los centenares de víctimas generadas por las acciones del crimen organizado, pero también por la estrategia de combate a éste desplegada por el ex presidente Felipe Calderón y continuada sin cambios mayores durante el sexenio que Enrique Peña Nieto que habrá de terminar este primero de diciembre. Entre los gestos referidos se encuentran los posicionamientos de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha hecho énfasis en la necesidad de una justicia transicional centrada en la reparación del daño a las víctimas y la recuperación de la memoria.
Sin duda, los temas tratados en los foros se encuentran entre los pendientes más graves del Estado mexicano: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, entre 2007 y junio pasado se registraban de 35 mil 410 desaparecidos en todo el país, y organizaciones civiles denuncian que únicamente 12 personas habían sido condenadas por el delito de desaparición forzada. Las cifras de homicidios y feminicidios son igualmente alarmantes, pues hasta octubre de 2017 sumaban 234 mil casos en los últimos dos sexenios, y la crisis no ha hecho sino agravarse hasta convertir a julio de 2018 en el mes más violento desde 1997; mientras los feminicidios tuvieron un repunte de 72 por ciento en los pasados tres años para alcanzar la escalofriante cifra de 671 asesinatos violentos por motivos de género en 2017. Debe resaltarse que todo lo anterior corresponde a cifras oficiales, muchas veces denunciadas por organizaciones civiles por dejar fuera a varias víctimas.
Ante este panorama desolador, cabe esperar que el cambio de actitud respecto a la actuación del gobierno saliente se consolide en una auténtica voluntad política y en una estrategia sensible y coherente para hacer llegar la justicia a los centenares de miles de víctimas, así como para avanzar hacia la inaplazable pacificación del país. El tamaño de la deuda marca la magnitud de la tarea que espera a los funcionarios entrantes.
