El gobierno de Enrique Peña Nieto deja deudas en materia de derechos humanos con las víctimas, pues a pesar de que contamos con una muy buena Ley de Desapariciones, ésta no se materializa plenamente y los gobiernos estatales han sido también responsables, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En el contexto del segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el ombudsman reiteró que en el país debe impulsarse un proyecto de justicia transicional que privilegie las demandas de las víctimas y no perpetúe la impunidad.

Las víctimas no pueden esperar a transiciones o relevos de gobiernos, se debe trabajar. Este gobierno termina el 30 de noviembre, no puede deslindarse de su responsabilidad, garantizando que se cumpla la Ley de Desapariciones, afirmó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

En este sentido, aseguró que se mantiene optimista de que la próxima administración cumpla con la profesionalización de las fiscalías General y estatales, y resaltó que éstas deben ser autónomas.

Apremió a que esos organismos sólo respondan a la investigación técnica y científica, alejadas de cualquier decisión política... Lo que requiere el país es fortalecer sus instituciones; la debilidad del estado de derecho se tiene que recomponer, el cumplimiento de la ley es importante; más allá de comisiones de la verdad, se requiere no perder un minuto, una hora, un día en que se cumpla la ley y que no haya impunidad.

Verdad sin impunidad

El ombudsman resaltó que las víctimas “quieren transmitir el dolor que han venido atravesando desde la desaparición de su familiar, y el doble dolor que significa el transcurso del tiempo sin que se conozca la verdad, sin que se finquen responsabilidades y sin que haya reparación del daño.

Lo que buscan es una garantía de no repetición. La demanda es muy clara: quieren el derecho a la verdad sin impunidad. Es una esperanza que surge con el cambio de gobierno, indicó.

González Pérez destacó que hay cifras negras, como las fosas encontradas en Veracruz, pero es un botón de esperanza para que esto pueda cambiar.

Llamó a no perder de vista que el Estado no puede soslayar su responsabilidad de búsqueda. Lo que hacen los colectivos (de familiares de víctimas) es coadyuvar, pero el Estado no puede abandonar su función y su responsabilidad.