Medio siglo atrás bastaba reconocer que se era militante del Partido Comunista Mexicano para que el gobierno consignara a los participantes en el movimiento estudiantil y también para que el juez Eduardo Ferrer MacGregor los sentenciara. Un sexenio después, el impartidor de justicia suplicó para que no se le cambiara de adscripción porque podría ser objeto de agresiones verbales o físicas por haber manejado los procesos políticos de 1968.

Ferrer MacGregor condenó a 86 dirigentes y participantes del movimiento estudiantil. Les dictó penas que iban de tres a 17 años de prisión.

Seis años después del movimiento, Ferrer MacGregor fue considerado parte del grupo de jueces con malos antecedentes y en su caso específico por aspectos de deshonestidad, refiere un documento elaborado por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, fechado el 3 de mayo de 1974, y que se localiza en el Archivo General de la Nación.

El texto señala sobre el juez: “tiene un sobrino y un amigo que actúan como ‘coyotes’ en el juzgado a su cargo y resuelven asuntos mediante dinero; que respecto al tráfico de drogas se han dado casos de personas a las que se les ha sorprendido en el aeropuerto tratando de introducir cocaína, resolviendo los procesos en dos meses, lo que normalmente tarda de siete a ocho meses, imponiendo sentencias de menos de cinco años de prisión, lo que permite a los delincuentes salir bajo fianza y por tratarse de extranjeros se les expulsa del país (…) por lo que se puede afirmar que muchas suspensiones y sentencias de fondo se dictan mediante dinero por los conductos especiales que él tiene”.

El secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dados los antecedentes del juez Ferrer MacGregor lo removiera. El caso fue llevado al pleno de la Corte y no se aprobó que se le ascendiera a magistrado; en cambio, se le enviara como encargado de tribunal al estado de Oaxaca.

Fernando Gutiérrez Barrios –entonces subsecretario de Gobernación– intercedió por el juez y también suplicó para que Moya Palencia pidiera al presidente Luis Echeverría que Ferrer MacGregor no fuera transferido a Oaxaca.

Julio Sánchez Vargas, titular de la Procuraduría General de la República, y Gutiérrez Barrios solicitaron que intercediera por el juez, señalando que aunque han tenido conocimiento de que en varias ocasiones no ha obrado con la rectitud que debiera, sí se sienten con la obligación moral de pedir que no sea trasladado a Oaxaca, invocando para ello el trabajo que con atingencia realizó durante diferentes procesos de tipo político, principalmente los relacionados con el movimiento estudiantil de 1968.

Ferrer MacGregor continuó su carrera como juez de distrito hasta 1980 en Ciudad de México.