La mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México no recibe ningún tipo de reparación del daño, advirtió Jan Jarab, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Durante un seminario organizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) –organismo que admitió la carencia de recursos para atender el número creciente de ellas–, la ONU-DH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jarab manifestó su confianza en que en el próximo gobierno se diseñe un esquema ágil, no burocrático, que recupere las mejores prácticas nacionales y los más altos estándares internacionales.

El representante de la ONU-DH lamentó que la brecha sea inmensa entre lo que dice la ley y su implementación en esta materia, lo cual tiene consecuencias devastadoras, sobre todo porque se vuelve a dañar a los afectados.

La ausencia de reparación del daño se puede ver en sí misma como una forma de revictimización. Es decir, una forma de reproducir el ciclo de violaciones a los derechos humanos, advirtió.

El apoyo a las víctimas, explicó, no debe verse como una acción de caridad o una respuesta mecánica, sino partir de la identificación y el reconocimiento del hecho; ver a la persona como ser humano y pensar en una reparación proporcional al daño causado.

Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, manifestó que la omisión de respuestas de los gobiernos en este tema muestra una actitud de indiferencia. Dejemos de ver sólo expedientes o carpetas de investigación y veamos personas, señaló.

▲ Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, sostuvo que confía en que el próximo gobierno atienda con prontitud y eficacia a las víctimas del delito.Foto Luis Humberto González

Es tiempo de construir, agregó, una política real de reparación del daño para miles de víctimas.

Se requieren esquemas, dijo, que permitan no sólo en el abatimiento de la impunidad sino también la reconstrucción del tejido social.

Más tarde, en entrevista, destacó que el país tiene una deuda con las víctimas, de ahí que es necesario construir, con voluntad política, un esquema de reparación integral del daño después de escuchar sus reclamos y necesidades, pero sobre todo a partir de canalizar los recursos económicos suficientes.

Durante la inauguración del seminario, familiares de víctimas del delito, entre ellas madres de personas desaparecidas, exigieron pasar de los discursos a los hechos.

Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de la Ceav, reconoció que esa instancia no tiene recursos suficientes para cumplir con su tarea, porque aproximadamente 90 por ciento de los casos son del fuero común, competencia de las entidades federativas, las cuales no tienen una comisión para dar atención a las víctimas, a pesar de que el agravio fue cometido por una autoridad local. Pero también porque en el caso específico de las desapariciones, ni siquiera hay una sentencia.

La plantilla de la Ceav es de 120 abogados en todo el país para atender aproximadamente 16 mil casos. Entonces, la capacidad de atención es pequeña.

El crecimiento del problema victimal no está acorde con las capacidades institucionales, acotó.