El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, entregó este miércoles al Senado una propuesta de ley general de desplazamiento forzado, en la cual se tipifica como delito que las personas se vean obligadas a abandonar su residencia a consecuencia de la violencia y sanciona con penas de seis a 12 años de prisión a quien induzca a un individuo o a grupos a abandonar su lugar de residencia mediante la coacción.

Más tarde, el ombudsman sostuvo que uno de los principales obstáculos que enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es la falta de compromiso de los gobiernos estatales.

González Pérez entregó la propuesta legislativa a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López.

Explicó que para la redacción del documento contó con apoyo de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas en la materia (Cecilia Jiménez- Damary) y de varias organizaciones civiles.

En la iniciativa se plantea la obligación de elaborar un registro nacional de personas en esa condición, la obligación del Estado de restituirles sus bienes y propiedades o, en su caso, indemnizarlas, así como del Congreso de la Unión y los congresos locales de destinar presupuesto para esos fines.

La propuesta tiene como base tres ejes: la prevención de los desplazamientos forzados, la protección y asistencia de las personas expulsadas y medidas encaminadas a lograr soluciones duraderas a esa problemática.

Además, al participar en la inauguración de la Conferencia Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el Museo Memoria y Tolerancia, González Pérez afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas requiere que los gobiernos de los estados se articulen y que haya una alianza para enfrentar el problema de la desaparición de seres humanos.

El ombudsman advirtió que no basta con que existan leyes con buenos contenidos, sino que se requiere de presupuestos y materializar las hipótesis normativas.