Vecinos de El Contadero contradijeron la declaración del jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, sobre la construcción, aún en vilo, de un hospital general en Cuajimalpa. Los diversos juicios de amparo que se tramitan, desde diciembre de 2016, en contra de la edificación del nosocomio ante el Poder Judicial de la Federación, han evidenciado la violación de los derechos fundamentales del pueblo indígena de El Contadero y de la población en general. Del mismo modo se han acreditado ante el juez, probables hechos de corrupción de servidores públicos de los gobiernos federal, capitalino y delegacional, sostuvieron.

El juez primero de distrito en materia administrativa en la capital, Gabriel Regis López, concedió el 21 de noviembre la suspensión definitiva en favor de pueblo indígena de El Contadero de la Licitación Pública Nacional LO-909005989-E2-2018 y del contrato de la Obra Pública respectivo, con los que el gobierno de la ciudad reinició el 3 de noviembre la construcción del nosocomio (el anterior fue destruido en 2015 por una explosión de gas) por medio de las empresas Impulsora de Desarrollo Integral y GAMI Ingeniería e Instalaciones.

La organización civil Kosmos Publicus, que ha llevado parte del proceso judicial de El Contadero, destaca que la suspensión definitiva de oficio decretada por el juez deja inactivos más de 20 actos administrativos federales y locales en los que se sustenta el reinicio de la obra. Entre éstos, la resolución sobre impacto ambiental del 4 de abril del año pasado, que emitió la Secretaria de Medio Ambiente; el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo del 31 de enero de ese año, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Constancia de Alineamiento y Número Oficial que publicó la delegación Cuajimalpa.

Los inconformes agregan que también “quedaron sin efecto el Certificado de Necesidades y el Certificado de Factibilidad de la Secretaría de Salud federal, además del convenio entre la Comisión Nacional en Protección Social en Salud y la Secretaría de Salud capitalina.

Llama la atención que el eventual registro de proyecto de inversión para la obra quedara inválido, ya que es el instrumento financiero por el cual la Secretaría de Hacienda transfiere los recursos e impedirá el cobro de las estimaciones a los contratistas.

El juez de distrito concedió la suspensión definitiva en favor del pueblo indígena de El Contadero toda vez que las conductas del secretario de Obras y Servicios capitalino, Gerardo Báez; el director general de Obras Públicas, Alejandro Puente Guerrero; el secretario de Salud capitalino, y el jefe de Gobierno, entre otros servidores, han atentado contra los derechos al medio ambiente, al desarrollo ecológico sustentable y a la buena administración pública, apunta Kosmo Publicus.

La reacción de las autoridades quizá se debe a que el juez acredita que los ejecutivos federal y local actúan en contra del beneficio del pueblo, al incumplir sus obligaciones constituciones. Y concluyen: Es falso que nos opongamos a la atención médica para la población. Pero ese lugar no es el adecuado, y existen otros terrenos. Detrás de su insistencia podría haber intereses inmobiliarios no expresados.