Aunque siempre bajo el argumento del estricto apego a derecho, de facto el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha privilegiado las ponderaciones políticas y ha adoptado decisiones estratégicas en función del partido en el poder. Si desde la polémica llegada en 2016 adoptó decisiones que allanaban la operación electoral del PRI, tras los recientes comicios revocó una multa millonaria a Morena por el fideicomiso de ayuda a damnificados y perfila la nulidad de las votaciones en Puebla.

Sobre las veleidades políticas de los magistrados gravita un factor: la polémica ampliación del periodo que realizara el Congreso al prorrogar irregularmente los periodos para los que originalmente fueron designados cuatro de ellos. Destaca, por estar en el centro de las objeciones del PAN, el magistrado José Luis Vargas, ponente en el caso de la elección para gobernador en Puebla y quien difundió su proyecto de sentencia vía Twitter, en el que proponía la nulidad.

Programado para concluir en octubre de 2019, Vargas fue beneficiario de los acuerdos de PRI-PAN y PRD, con la objeción de Morena, para que su gestión concluya en 2021.

Vehemente defensor del triunfo del PRI en Coahuila y uno de los principaes impulsores de subir a Jaime Rodríguez Calderón a la candidatura presidencial, en medio del escándalo de la falsificación de firmas, Vargas se ha pronunciado contra la nulidad de elecciones, aunque ahora pugna por anular en Puebla.

Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera son los otros magistrados beneficiados con la ampliación de su periodo.

En 2017, los comicios de gobernador en Coahuila confrontaron al TEPJF con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta violación a los topes de gastos de campaña del actual manadatario local, Miguel Riquelme. Los gastos detectados por el instituto, que apuntalaban la versión de que se había rebasado el tope, fueron anulados por el TEPJF.

Vendrían la revocación de los lineamientos aprobados por el INE denominados cancha pareja, con lo que se pretendía acotar la parcialidad de funcionarios, uso de la programas y propaganda de gobierno. En medio de cuestionamientos de la oposición y del propio instituto se revocaron los lineamientos.

Más adelante fue revocado otro paso para acotar prácticas de compra de voto, restringir el uso de tarjetas a los partidos como medida para inhibir estas prácticas que, como se mostró en las recientes elecciones estatales, se convirtió en eje de las estrategias priístas.

Entre versiones de una operación desde la Presidencia, en marzo el TEPJF aprobó incorporar a Rodríguez Calderón en la contienda presidencial, en medio de interpretaciones de que le quitaría votos a Andres Manuel López Obrador.

El triunfo de Morena cambió la actitud del TEPJF ante ese partido al que casi sistemáticamente antes de las elecciones no le concedían la razón en la mayoría de sus recursos. En una decisión insólita determinó revocar lisa y llanamente la resolución del INE que impuso una multa de 127 millones de pesos por la presunta triangulación irregular de recursos para apoyar a damnificados en pleno proceso electoral.

Ahora un nuevo giro: la proyectada nulidad en Puebla, demanda de Morena ante las irregularidades.