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Ley de Reconstrucción garantiza a damnificados acceder a fondos públicos y financiamiento extra
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▲ Aspecto de la unidad Tlalpan, donde hasta la fecha hay gente que vive afuera de sus edificios.Foto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Domingo 9 de diciembre de 2018, p. 27

El gobierno de Ciudad de México expidió ayer la Ley de Reconstrucción aprobada por el Congreso local en la que se garantiza que todos los damnificados por el sismo del año pasado que hayan perdido su vivienda tendrán acceso a los fondos públicos, y en caso de requerir financiamiento adicional, podrán optar por aumentar el número de apartamentos en un mismo predio.

De acuerdo con la nueva disposición, con la que se deroga la aprobada en la anterior administración, habrá una ventanilla única para la atención de los damnificados, quienes contarán con ayuda para pagar renta hasta recuperar su vivienda.

La Comisión de Reconstrucción será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al plan integral para la redificación, para lo cual contará con cinco subcomisionados de carácter honorífico quienes participarán en los comités y en otras áreas.

La comisión instalará una mesa legal permanente para resolver de manera conjunta los casos de incertidumbre jurídica sobre propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados por el terremoto.

En caso de que no sea posible acreditarla, el gobierno podrá intervenir por causa de utilidad pública para realizar una adquisición por vía de derecho público, ya sea total o parcialmente para su regularización y consecuente restitución.

En la ley se establece que para determinar los montos de apoyo para el proceso de reconstrucción se elaborará un censo social y técnico, con una constancia de acreditación de daños que de acuerdo con lo anunciado por las autoridades se presentará el próximo 16 de diciembre.

A diferencia de lo que ocurrió en la anterior gestión, las dependencias de gobierno que intervendrán en las tareas de reconstrucción tendrán la obligación de informar cada mes a la comisión sobre las acciones efectuadas conforme al plan integral.

Asimismo, dispone que los inmuebles que sean reconstruidos con recursos públicos no podrán ser enajenados por un periodo de cinco años a partir de su entrega para evitar la especulación inmobiliaria y proteger la vivienda de los damnificados.