La lucha contra la corrupción en el nuevo gobierno estará incompleta si no se incluyen estrategias adecuadas para recuperar los fondos desviados u obtenidos ilícitamente por los responsables de este delito, labor que se lleva a cabo de manera insuficiente y sólo podrá mejorarse con una fiscalía verdaderamente independiente y autónoma.

José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que la efectividad de la recuperación de activos depende en gran medida de la voluntad política del jefe del Ejecutivo, pues por años dicha figura ha puesto un freno de mano a las instituciones de procuración de justicia para que no investiguen ciertos casos.

Si queremos ser efectivos en el combate a la corrupción, quienes delincan no deben tener dudas de que serán procesados y sentenciados, pero definitivamente esto estaría incompleto si no se considera que lo que se robaron tiene que recuperarse, enfatizó el especialista en charla con La Jornada.

Uno de los principales obstáculos para la adecuada recuperación de activos y castigo a los corruptos es el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) no es independiente y por lo tanto no tiene la fuerza para actuar con total libertad contra cualquier acusado.

Todos los países que han tenido éxito en la lucha contra la corrupción han despolitizado sus instituciones de procuración de justicia. Es un paso que México debe dar obligatoriamente, además de tener un marco legal adecuado para emprender acciones como la extinción de dominio de los bienes y recursos obtenidos de forma ilegal, afirmó.

De acuerdo con cifras recientes de la PGR, en 2017 se obtuvo la declaración de abandono y recuperación de más de 353 millones de pesos, así como de 2 mil 593 bienes, lo que representa respectivamente aumento de 4 por ciento y 52 por ciento con respecto al año anterior.