El Congreso de la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalinas implementar mecanismos para salvaguardar la integridad personal, de defensa y el derecho a la justicia de las personas jóvenes, al advertir el incremento de muertes violentas y un registro de 797 desaparecidos en dicho grupo de población en la capital del país.

En un punto de acuerdo aprobado por el pleno, la presidenta de la Comisión de Juventud, Ana Cristina Hernández Trejo, de Morena, sostuvo que los años recientes han sido los más violentos, con el mayor registro de homicidios de jóvenes.

Por ejemplo, en 2012 se registraron 6 mil 283; en 2013, 5 mil 105; en 2016, 5 mil 242. Donde se cometieron más crímenes fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, estado de México y Ciudad de México.

Alertó que esta violencia no se relaciona sólo con el crimen organizado, sino que alcanzó a jóvenes que desarrollan sus actividades en otros ámbitos, como el escolar, en el que hay casos simbólicos, como la desaparición en noviembre de Abraham Enyanche Quintanar, de 17 años, estudiante del plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades, encontrado muerto el pasado martes.

Es alarmante ver cómo se ha vuelto una constante la desaparición y asesinato de estudiantes de los niveles educativos medio superior y superior, y sólo por mencionar alguno de los casos, tres alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fueron asesinados en Cuautepec, Gustavo A. Madero; Mariela Vanesa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, desaparecida el 27 de abril en Iztapalapa, y Erik Donovan Flores Pérez, de 16 años, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 9, desaparecido el 27 de noviembre en Iztacalco y hallado sin vida tres días después, apuntó.

En la propuesta de la legisladora, a la que se adhirieron sus compañeros de bancada Lilia Rossbach Suárez, Donají Olivera Reyes, Virgilio Dante Caballero y Martín Padilla Sánchez, se advierte que la Constitución del país establece que corresponde al Estado garantizar la protección de todas las personas; la Constitución capitalina establece a su vez el derecho que tienen las y los habitantes de la Ciudad de México a la seguridad y a la prevención de la violencia y del delito, y expresa que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.

Asimismo, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes establece el derecho a la paz y a una vida libre de violencia de ese grupo de población, así como a la obligación del gobierno a impulsar acciones para garantizar dicho precepto.

Expuso que, sin embargo, las cifras son contundentes y hablan de una incapacidad de las pasadas administraciones para salvaguardar la integridad física de las personas jóvenes.