l pasado 21 de octubre el diputado local Víctor Hugo Lobo presentó al Congreso capitalino un proyecto de ley para regular el funcionamiento de los cementerios, así como los servicios funerarios y crematorios en la ciudad capital. El 11 de diciembre el documento fue impugnado por la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de CDMX porque, en su criterio, tiene diversos artículos que vulneran la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas de la entidad. Voceros de esa organización recordaron que desde 2001 han venido luchando en contra de los intentos gubernamentales de arrebatarnos nuestros panteones comunitarios y criticaron tanto la falta de rigor de la iniciativa como el hecho de que no se haya previsto una consulta previa, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para toda obra o acción gubernamental que afecte de alguna manera el dominio del territorio de las poblaciones indígenas.

sgrimiendo razones auto-referenciales de que lo suyo no es la venganza y declarándose partidario del perdón y la indulgencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de protesta ante el Congreso, el primero de diciembre, propuso un punto final para delitos cometidos por los funcionarios del pasado, afirmando que en su Presidencia se abstendrá de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos, y de que esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie. Contradictoriamente, afirma que la parte medular de su programa de gobierno será acabar con la corrupción y la impunidad.

etafóricamente se puede considerar que los estudiantes del IPN aprenden a caminar profesionalmente sólo con un pie, porque desde el origen de la institución se privilegió la educación tecnológica, en detrimento de la formación cultural. Esta condición se ha sostenido durante 81 años y así se ha aceptado, tal vez, porque se asume como rasgo de identidad.