a Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue fundada en 1937 por el general Lázaro Cárdenas con el propósito de atender a la población de bajos recursos a la que las empresas privadas generadoras de energía despreciaban porque no la consideraban un mercado atractivo; esas compañías –extranjeras, en su mayoría– se negaban a llevar el fluido eléctrico a las comunidades rurales aisladas y a los barrios populares de las ciudades.
Pero, además, el divisionario de Jiquilpan dio a la nueva institución la tarea de impulsar el desarrollo, la industrialización, la educación y la salud en toda la nación, misión a la que pronto habría de sumarse la industria petrolera nacionalizada. En las siguientes cinco décadas la CFE llevó electricidad a alrededor de 90 por ciento de la población y fue un pilar fundamental para el crecimiento económico.
De Carlos Salinas en adelante, el régimen neoliberal fue debilitando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la CFE, con el objetivo de entregar el sector energético al lucro de particulares. Salinas mismo, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña alentaron la chatarrización y el declive de la empresa y la compra de electricidad a productores privados. Peor aún, en el caso de la paraestatal eléctrica la hicieron odiosa a ojos de grandes sectores de la población, no sólo como la esquirola y usurpadora de Luz y Fuerza del Centro, destruida por el calderonato, sino también como el vampiro bimestral de los recibos desmesurados. Hasta la fecha mucha gente ignora que, a consecuencia de la reforma energética, la CFE perdió la facultad de fijar los precios de la electricidad. De eso se encarga la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo en teoría autónomo, pero que ha sido puesto al servicio de los intereses privados y que ha operado en forma tecnocrática, insensible a las necesidades de la gente y sin rendirle cuentas a nadie, al igual que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y otras instancias igualmente aberrantes.
Calderón y Peña dejaron que las hidroeléctricas de la nación se pudrieran y el segundo cubrió el hueco energético resultante con centrales de ciclo combinado que trabajan con gas importado de Texas. Los precios de importación de ese insumo incrementan de manera inevitable el costo de generación de electricidad, el cual ha venido siendo trasladado a los usuarios por la CRE. Así, la institución fundada por el general Cárdenas apenas produce hoy día la mitad del abasto eléctrico que se requiere en la nación.
Algo semejante ocurrió con los combustibles: al perder la renta petrolera por la privatización de los hidrocarburos, el régimen neoliberal echó mano del dinero de los ciudadanos y lo recaudó por medio del denominado impuesto especial de productos y servicios (IEPS). En 2018 cada litro de gasolina le aportó al fisco casi cuatro pesos por concepto de IEPS, en tanto que el diésel significó para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una entrada de 4.72 pesos por cada litro vendido. Es decir, se redujo la dependencia de las finanzas públicas del petróleo, pero a cargo del bolsillo de la gente.
Para reducir la factura eléctrica y los precios de los combustibles sin desequilibrar las finanzas públicas es indispensable reconstruir la capacidad instalada de la CFE y recuperar los niveles de producción de Pemex. Lo saben perfectamente los legisladores demagogos del PRD, Movimiento Ciudadano y los cínicos panistas, primeros en alzar el dedo cuando se aprobó la reforma energética.
Por eso, la Cuarta Transformación tiene entre sus objetivos prioritarios la actualización de las refinerías existentes, la construcción de una nueva y la reparación y modernización de las hidroeléctricas. La reciente decisión de cancelar la entrega de rebanadas de territorio a corporaciones privadas tiene como propósito fortalecer a Pemex y poner un freno a la cesión de soberanía nacional que han implicado las licitaciones y concesiones características del calderonato y del peñato.
En su discurso de Malpaso, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó la necesidad de dejar de comprar energía a los capitales privados en los volúmenes actuales, fortalecer la capacidad productiva de la CFE y rehabilitar las 60 plantas hidroeléctricas del país, algunas de las cuales están literalmente paradas, en tanto que otras están trabajando a 18 o 20 por ciento de su capacidad.
De ese modo se aprovechará la capacidad instalada y se evitará la edificación de nuevas plantas y el caudal de agravios sociales que ello genera. El uso de energías limpias (la hidroeléctrica, pero también la fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, la generación mareomotriz y el aprovechamiento de la biomasa) permitirá, además, reducir la dependencia del gas natural y recuperar, enclave de desarrollo sostenible y la autosuficiencia energética del país.
En lo inmediato, debe quedar claro que hasta aquí llegó la cacareada empresa de clase mundial
, que la CFE resurge bajo el lema de electricidad para el progreso de México
y que muy pronto las poblaciones dejarán de verla como el enemigo.
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