El desalojo violento de 45 familias por cerca de 300 cargadores ocasionó que bloquearan por más de 12 horas la circulación vehicular en Arcos de Belén y Revillagigedo, en la colonia Centro.

De acuerdo con testimonios, cerca de las siete de la mañana de ayer los cargadores arribaron al edificio ubicado en Arcos de Belén número 69, y luego de que el actuario que iba con ellos mostró una orden de desalojo, procedieron a forzar las puertas de los departamentos y sacar a empujones a sus moradores y sus enseres.

Hubo momentos en que se generaron conatos de enfrentamiento, pero a pesar de ello el mobiliario fue arrojado a la calle, enmedio de acusaciones de los desalojados de que les habían robado objetos de valor como lentes, celulares, minicomputadoras y dinero.

Ante esa situación, alrededor de las ocho de la mañana los afectados comenzaron a colocar camas, roperos, refrigeradores, colchones, mesas, sillas y demás muebles sobre la avenida Arcos de Belén.

Agentes de vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron los únicos elementos policiacos que estuvieron cerca del lugar, pero no intervinieron en el desalojo. Sólo se limitaron a cortar y desviar el tránsito vehicular hacia Luis Moya.

Cerca del mediodía, una comisión de las 45 familias acudieron a la Secretaría de Gobierno para exponer su queja y obtener una solución. César Zurita, uno de los integrantes de este grupo, comentó que como Asamblea de Barrios ya habían logrado que el edificio que ocupan desde hace 30 años fuera expropiado por alto riesgo estructural, pues luego de los sismos del 19 de septiembre de 2017 resultó dañado. Esta decisión, dijo, fue avalada y aprobada por las autoridades locales, quienes publicaron esa resolución en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a finales del año pasado.

A las 17 horas se instaló una mesa de trabajo entre ambas partes en la Consejería Jurídica; al respecto, Arturo Medina, subsecretario de Gobierno, dijo que se acordó establecer la ruta jurídica que seguirán los desalojados para que se pueda determinar quién tiene la razón, si quienes se ostentan como dueños del edificio –una familia de apellido Bracamontes– o los afectados.

En entrevista, manifestó que esta fue la primera de varias reuniones que tendrán las partes y que se les dejó en claro que al tratarse de un asunto legal, que se dirime en una instancia jurisdiccional, va a llevar tiempo, pero los estarán acompañando.

Por ello, dijo, el compromiso es ir juntos en esa ruta jurídica, con el compromiso de que las 45 familias retiraran el bloqueo de la vialidad y que se instalarán afuera del inmueble, lo que hicieron después de las 20 horas.