Toluca, Méx., El Congreso estatal aprobó ayer reformas a las leyes Orgánica Municipal y de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad para eximir a los nuevos alcaldes –que entrarán en funciones el primero de enero– de cualquier responsabilidad por los laudos laborales que dejan sus antecesores.

Las modificaciones fueron aprobadas con 42 votos de Morena y del Partido Encuentro Social, contra 18 de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que aseguraron que esto generará incertidumbre y dejará indefensos a quienes perdieron su empleo y recurrieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

La anterior Legislatura, de mayoría priísta, reformó las referidas disposiciones para que los nuevos alcaldes fueran corresponsables en el pago de los laudos para evitar casos como el de Coacalco, donde el alcalde y el cabildo fueron destituidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por negarse a cumplir un laudo laboral contra el ayuntamiento anterior.

En enero pasado, el edil priísta Erwin Javier Castelán Enríquez, 13 regidores, síndico y tesorero fueron destituidos por no cumplir una sentencia que los obligaba a pagar 4 millones de pesos por un juicio laboral.

Morena consideró inviable fincar responsabilidades administrativas a un servidor público por acciones u omisiones atribuidas a sus predecesores, y señaló que, en todo caso, el responsable será el ayuntamiento y no el alcalde o alcaldesa en lo personal.

Denuncia el PRI vicios de procedimiento y fondo

Explicó que durante meses el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no dictó sentencias ni otras medidas para obligar a los ayuntamientos anteriores –la mayoría priístas– a que cumplieran con los laudos laborales, y dejaron esa carga a las nuevas administraciones. El PRI se opuso a la reforma por el fondo y por la forma en que fue aprobada, sin pasar por comisiones y como asunto de obvia y urgente resolución.

La responsabilidad del pago recaerá en el representante legal de los ayuntamientos o el síndico. Además, se reformó la Ley de Responsabilidades para que el incumplimiento del pago sea considerado como falta no grave.

Durante la sesión plenaria, los diputados también fueron informados de las recomendaciones del Consejo de Valoración Salarial sobre las percepciones máximas de los funcionarios del estado.