Moscú. Ante el supuesto poco probable de que Rusia como sanción pudiera quedar aislada de la red global de Internet, un grupo de legisladores presentó este viernes en la Duma (Cámara baja del Parlamento) una iniciativa de ley que pretende garantizar la autonomía del segmento ruso.

El borrador de ley toma en consideración el carácter agresivo de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada en septiembre de 2018, dicen los autores de la propuesta en su exposición de motivos.

Para proteger Rusia en Internet, argumentan, entre otras medidas, es necesario introducir recursos técnicos para identificar el origen del tráfico de datos. En otras palabras, agregan, en caso de necesidad, hay que bloquear el acceso a información prohibida no sólo desde direcciones concretas, sino cerrando el flujo a todo el tráfico (de datos).

Tecnicismos al margen, no es la primera vez que se promueve aquí una forma de censura en Internet, ahora a través de reforzar el control sobre los grandes operadores rusos que manejan el acceso a los flujos foráneos en la red de redes y proporcionan el tráfico de datos a los proveedores más pequeños a escala regional y local.

Se trata de un cortafuegos ruso para ejercer censura global, resumió el borrador de ley Artiom Kozliuk, experto en Runet, como se denomina aquí el segmento local de Internet.

Acallar las críticas a las autoridades y, sobre todo, amedrentar a los jóvenes, quienes sacan amplio provecho de las posibilidades de Internet para comunicarse, se está volviendo una obsesión de los operadores políticos del Kremlin, mediante un Legislativo subordinado que ya no sabe cómo restringir más la libertad de expresión, consagrada formalmente en la Carta Magna.

El mismo día que se cumplió el 25 aniversario de la Constitución –aprobada en referéndum el 12 de diciembre de 1993– la Duma recibió otras tres iniciativas de modificación de ley, elaboradas de modo conjunto por diputados y senadores, que arremeten contra Internet, los medios de comunicación independientes y la libertad de expresión.

En el primer caso, se propone castigar con quince días de cárcel a quien cometa en las redes sociales una evidente falta de respeto a la sociedad, al Estado, a los símbolos oficiales del Estado, a la Constitución y a las autoridades. Queda a criterio de aquellos que ostentan el poder determinar cuándo se trata de una evidente falta de respeto.

La segunda enmienda recomienda conceder a la plana mayor de la Procuraduría General el derecho de solicitar a Roskomnadzor (dependencia encargada de velar por la legalidad en los medios) el bloqueo inmediato al acceso de información insultante en Internet sin tener que obtener una resolución judicial, como hasta ahora.

Y la tercera modificación sugiere multar a quien suscriba una noticia falsa peligrosa y al medio que la difunda, requisar el objeto con que se cometió la infracción. Nadie sabe quién va a establecer el grado de peligrosidad de una llamada fake news ni si se tiene en cuenta quitar la computadora en que se escribió o el teléfono por el cual se dio a conocer.

La deliberada ambigüedad puede llegar a ser muy eficaz –de manera aleatoria– contra todo el que se atreva a cuestionar a los que ostentan el poder, sostienen quienes se oponen a estas medidas y ponen de ejemplo los excesos que ha ocasionado la ley que permite encarcelar por el simple hecho de reenviar mensajes en las redes sociales: 461 personas condenadas por este motivo en 2017, según los datos más recientes.