a senadora Nestora Salgado García entregó ayer una lista con los nombres de 199 personas que se encuentran encarceladas debido a sus ideas y a su participación en la defensa de derechos sociales, laborales o ambientales. El listado de presos políticos provisto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, incluye a luchadores sociales y activistas provenientes de 18 estados de la República, entre quienes se encuentran integrantes de movimientos tan emblemáticos como la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa del sexenio pasado, las policías comunitarias de Guerrero y otras entidades, o los opositores a la construcción de la presa La Parota.

Cabe recordar que la misma senadora Salgado fue prisionera política de las dos pasadas administraciones estatales. El caso de la ex comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Olinalá, Guerrero, ilustra los mecanismos de los que se han valido las autoridades locales y federales, muchas veces en connivencia con toda suerte de representantes de los poderes fácticos para judicializar la disidencia social: el 21 de agosto de 2013 fue detenida sin orden de aprehensión por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal para posteriormente trasladarla de manera ilegal al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde se le fincaron cargos por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Después de dos años y siete meses encarcelada, Nestora fue absuelta debido a la absoluta ausencia de pruebas en su contra, pero en mayo de este año, en plena campaña electoral, un tribunal guerrerense intentó reactivar los expedientes en su contra. De acuerdo con los múltiples organismos de protección de los derechos humanos que lucharon por su liberación, la hoy legisladora fue apresada en venganza por señalar la complicidad de autoridades locales y empresarios que deseaban monopolizar el comercio en la región, así como la implicación de varios de ellos en el tráfico de drogas.

Si bien la lista de prisioneros políticos –que servirá de base para el cumplimiento del compromiso presidencial en el sentido de amnistiar a quienes han sido injustamente privados de la libertad– está compuesta por expedientes de diversa complejidad, lo cierto es que no pocos de esos casos ya han recibido la atención de diversas instancias nacionales e internacionales, gracias a cuya labor existen elementos para sustentar las motivaciones ilegales de la detención y confinamiento de los activistas. Cabe esperar que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instruida por el titular del Ejecutivo para dar trámite a casos como los recopilados por la senadora Salgado, imprima particular celeridad a la resolución de estos expedientes.

Además de brindar la impostergable justicia a las víctimas del Estado, la excarcelación y reivindicación de los presos políticos pondría fin a uno de los periodos más vergonzosos de la política exterior mexicana: la que conjugó el fin de la Doctrina Estrada de respeto a los asuntos internos de otras naciones con la execrable hipocresía de condenar a ciertos regímenes por presuntas violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos al tiempo que dentro de nuestras fronteras se practicaba sin contemplaciones el uso político de las instancias de impartición de justicia.