Sao Paulo. La justicia federal brasileña aceptó este viernes la denuncia de la Fiscalía contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) por el delito de lavado de dinero al intermediar en unas negociaciones comerciales con Guinea Ecuatorial, por lo que el ex mandatario, quien está preso desde abril, se convirtió nuevamente en reo, informaron medios locales.

La jueza Michele Camini Mickelberg aceptó la denuncia presentada a finales de noviembre por la Fiscalía, según la cual el ex mandatario, preso en Curitiba, utilizó su prestigio internacional para influir en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que beneficiaron al grupo brasileño ARG en ese país africano.

A cambio, según la denuncia, Lula habría recibido un millón de reales (unos 263 mil dólares) disimulados como donaciones para el instituto que lleva su nombre entre septiembre de 2011 y junio de 2012. En su decisión, divulgada por la prensa local, la juez consideró que hay indicios suficientes para el inicio de una causa penal.

La defensa de Lula calificó la acusación de frívola y desprovista de pruebas y afirmó que es un nuevo paso en la persecución contra Lula para impedir su regreso a la política por medio de la mala utilización de las leyes y de los procedimientos jurídicos.

Transacción en África

Para el abogado Zanin Martins, quien defiende al ex gobernante, esta imputación no apunta a cualquier acto concreto practicado por Lula que pudiera configurar la práctica de lavado de dinero o tráfico de influencias y sostuvo que el acusado es víctima de una verdadera cacería judicial de un agente togado, el ex juez Sérgio Moro (actual ministro de Justicia), quien utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos.

En un comunicado difundido tras la denuncia, el Instituto Lula negó las acusaciones y aclaró que las todas las donaciones recibidas fueron legales, declaradas y sin contrapartidas. Estas nuevas acusaciones contra Lula se deben a correos electrónicos encontrados en ordenadores de la institución que fueron requisados en marzo de 2016 durante otra operación del caso Lavado Rápido.

Además, el ex mandatario también deberá responder en el proceso del controlador del grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, quien fue denunciado por lavado de dinero y por tráfico de influencias en una transacción comercial internacional, los hechos ocurrieron presuntamente entre septiembre de 2011 y junio de 2012.

Lula, de 73 años, preso desde el 7 de abril, cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con la estatal Petrobras.