l conflicto entre el Presidente de la República y el Congreso de la Unión con el Poder Judicial (PJF) ha escalado. Ante la posibilidad de reducir sueldos y prestaciones de ministros, magistrados y jueces federales ha encontrado resistencia. La ineficacia de los juzgadores, sus altos salarios y vicios han generado impopularidad.

La SCJN opera bajo un oneroso presupuesto. Según un informe de la organización México Justo un ministro recibe un salario mensual de 267 mil pesos, superior al del presidente de la República, cuentan con mínimo 50 asesores directos y recibirán 444 mil pesos de aguinaldo y 500 mil pesos por concepto de bono de riesgo según el manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del PJF.

Entre los vicios del Poder Judicial destaca el nepotismo. Según investigaciones del Consejo de la Judicatura Federal, cientos de plazas son ocupadas por familiares de jueces y magistrados (ajenos a la carrera jurídica). Un dato revelador señala que 51% de trabajadores del PJF tienen al menos un familiar en dicho poder y entre las propuestas de los candidatos a presidir la Corte este mal aparece como uno de los principales a erradicar. Además, las organizaciones civiles han acusado la nula rendición de cuentas y aluden que hay indicios de que algunos jueces y magistrados están relacionados con grupos delictivos.

El principal argumento de defensa del PJF es señalar una intromisión indebida por parte del Ejecutivo en su esfera. Dicen que busca debilitar el sistema de pesos y contrapesos. Esto es absurdo. La reducción de sueldos de los ministros no puede provocar un desequilibrio político, como también es absurdo que sólo con altísimos sueldos se pueda evitar la corrupción. Los jueces están comprando un mal pleito.

La posible solución al conflicto surgió de una reunión entre el coordinador parlamentario de los diputados de Morena, Mario Delgado, y el presidente saliente de la SCJN, Luis María Aguilar. Se propuso respetar el salario de los actuales ministros y comenzar a cumplir lo dispuesto en la reforma del artículo 127 constitucional de 2009 con los nuevos integrantes. En resumen: la solución es que los ministros cumplan con lo que dice la Constitución: lo que no han hecho hasta ahora.

Colaboró: Mario Antonio Domínguez