Se ha comprobado que en las entidades donde se ha emprendido un mayor número de proyectos mineros hay un constante decrecimiento de la calidad de vida de sus habitantes, aseguró Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X).

Dijo que de acuerdo con datos oficiales, de 2000 a 2016 se otorgaron más de 50 millones de hectáreas que se suman a las concesionadas el sexenio precedente y, debido a los largos permisos –hasta de 50 años–, se debilita y dificulta la actividad del sector rural. En total, una tercera parte del territorio nacional ha sido concesionado para actividades de extracción, sobre todo en Sonora, Durango y Chihuahua.

Para la experta y autora del libro Minería en América Latina y México: problemas y consecuencias, editado por la UAM, las múltiples y sucesivas reformas legislativas en el sector han fortalecido la estructura empresarial monopólica, y debilitan la capacidad de regulación extractiva por parte del Estado mexicano.

De hecho, nuestro país no cuenta con instituciones específicas para regular la minería, lo que origina falta de acceso a información precisa, actualizada, amplia y centralizada sobre esta industria, además de que existen intereses que dificultan controlar esta actividad.

Respecto a la recaudación fiscal, advierte que ésta es muy baja en contraste con el alto nivel de producción de metales preciosos –México es de los 10 primeros lugares del mundo en generación de plata y oro– debido esencialmente a que la Ley Minera imposibilita que el Estado conozca el volumen de explotación, así como los minerales que se están extrayendo, por lo que los impuestos no son representativos respecto a la cantidad de ingresos que se obtiene por los proyectos.

En el libro de 200 cuartillas se analiza desde la normatividad socioambiental para la minería en la región y algunos casos en Zacatecas y Baja California Sur. Azamar Alonso señala que la minería se practica en 24 entidades del país, principalmente en comunidades rurales donde no se ha traducido en crecimiento económico o desarrollo, pues una de las características comunes de estos espacios es la marginación y la pobreza.

La investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM-X analizó los indicadores sociales más importantes en los principales estados mineros en 1990, 2000 y 2016, y observó que no hubo mejoramiento para la población en situación de pobreza.

Además, indicó que entre los múltiples problemas asociados a este sector se encuentran 120 conflictos socioambientales generados por el extractivismo, además de población perjudicada por los accidentes mineros –derrames de presas de jales y derrumbes, entre otros–, cientos de miles de casos de envenenamiento por contaminación de fuentes de agua, destrucción de territoriol, enfermedades degenerativas, etcétera.

“Entre todas las formas del extractivismo, una de las más problemáticas –por sus efectos negativos socioambientales– es la minería”, señaló la investigadora Aleida Azamar.