La corrupción inmobiliaria que caracterizó al anterior gobierno de Ciudad de México (CDMX) dejó graves consecuencias y agravios irreparables al medio ambiente del pueblo indígena El Contadero, así como al erario federal y capitalino, debido a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y el Hospital General de Cuajimalpa, los cuales se iniciaron pese a impedimentos previstos en la normatividad ambiental y de ordenamiento territorial, declaró a La Jornada Kosmo Publicus, organismo civil que participa en la defensa jurídica de El Contadero.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la delegación de Cuajimalpa dieron viabilidad a obras privadas que contravienen las leyes locales de Desarrollo Urbano y de Protección a la Tierra. Es el caso de los desarrollos inmobiliarios de Stampa Residencial, Be Grand Contadero, el jardín de fiestas de Tláloc 121 en suelo de conservación ecológica y los 51 departamentos de lujo en Arteaga y Salazar 770 (amparados en la Norma 26 para vivienda de interés social).

Esto, contraviniendo las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT) derivadas de las denuncias de los pobladores.

El 11 diciembre de 2013 Seduvi dio viabilidad al condominio pese haber sido suspendida la Norma 26 en agosto de ese año. La dependencia omitió cumplir con el programa delegacional de desarrollo urbano que prohibía la aplicación de esa norma en El Contadero. En junio de 2014, la entonces delegación Cuajimalpa registró la manifestación de construcción que ampara 51 departamentos y 90 cajones de estacionamiento en seis mil 333 metros cuadrados y cinco niveles. De ese modo, cada departamento mediría unos 125 metros cuadrados, de acuerdo con la manifestación de construcción del desarrollador inmobiliario, y no los 65 metros autorizados con un precio menor a 800 mil pesos. Es decir, se permitió construir mil 716 metros cuadrados más de lo que avala la norma.

▲ Construcción de viviendas de lujo en El Contadero, Cuajimalpa, que los pobladores señalan como ilegal.Foto La Jornada

El pasado 30 de agosto, el director de Obras y Desarrollo Urbano de Cuajimalpa emitió la autorización de uso y ocupación pese a que la construcción seguía en proceso. Hasta hoy no hay inquilinos. La autorización fue otorgada ignorando el amparo indirecto concedido a la PAOT por un tribunal el 9 de agosto, que ratificó su interés legítimo en representar a los habitantes de la capital, y en particular de El Contadero, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX. Según los denunciantes, existen suficientes elementos que evidencian la transgresión a las disposiciones urbanas y ambientales capitalinas, según la sentencia del tribunal colegiado.

El 20 de septiembre, la dirección de Obras y Desarrollo Urbano entregó al desarrollador inmobiliario la constancia de autorización de uso y ocupación, aun cuando existía un amparo indirecto a favor de la PAOT que da nueva vida a la acción pública para proteger los derechos de los habitantes de El Contadero.

Los denunciantes hacen un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; a la titular de Seduvi, Ileana Villalobos Estrada, y al procurador de la PAOT, Miguel Ángel Cancino, para coordinarse a fin de que no se convalide un acto de corrupción inmobiliaria, y se salvaguarde el patrimonio de los posibles afectados, al adquirir un bien que podría ser ilegal y afecte su patrimonio.