l alza –16 por ciento– al salario mínimo anunciado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran salto, pero sin duda alguna falta mucho para recuperar la abismal pérdida de poder adquisitivo acumulada en 36 años de neoliberalismo, que llevó al mini ingreso mexicano a ser, vergonzosamente, el menor de América Latina.

López Obrador anunció que, a partir del primero de enero de 2019, el salario mínimo general será de 102.68 pesos diarios, frente a los 88.36 pesos fijados este año. En la frontera norte será de 176.72, monto que duplica al vigente hasta el próximo 31 de diciembre. El presidente subrayó que la decisión de aumentar el salario mínimo en la proporción referida es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. El incremento superior en la frontera norte representa una última cortina de desarrollo para evitar la migración forzada.

Qué bueno, pero lo cierto es que por décadas sistemáticamente se ha violado el artículo 123 constitucional, inciso 6, que a la letra obliga: ...los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Como se ha comentado en este espacio, cuando Miguel de la Madrid llegó a Los Pinos el salario mínimo nacional promedio por día era de 318.28 viejos pesos (a esa cantidad hay que quitarle tres ceros) y al término de su mandato había subido a 7 mil 252.92 viejos pesos. El aumento nominal fue cercano a 2 mil por ciento, pero en esos seis años la inflación acumulada fue superior a 4 mil por ciento, de tal suerte que sólo en el sexenio de ese personaje el poder adquisitivo real del salario mínimo se desplomó más de 50 por ciento.

Ese fue el inicio, pues los gobiernos subsecuentes (de Salinas a Peña Nieto) procedieron de igual forma, por lo que el poder adquisitivo del salario acumuló una pérdida de alrededor de 89 por ciento, con el agravante de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México utilizaron al mini ingreso como ancla para el control inflacionario. Si bien ambas instituciones cumplieron con su cometido, fue a costa de la miseria de millones de mexicanos.

Es necesario recordar que México se convirtió en el primer país latinoamericano en incorporar, como uno de sus pilares constitucionales de 1917, los derechos económicos y sociales de los trabajadores, como los relativos al salario mínimo y a la jornada laboral de ocho horas. Con ello, el país dio un gran salto hacia adelante, se colocó a la vanguardia y el Estado se comprometió con la mayoría.

Paradójicamente, un siglo después el salario mínimo mexicano ocupa el último lugar en América Latina y el grueso de los asalariados, en una nación de asalariados, sobrevive en la informalidad con ingresos miserables y sin prestación alguna, con lo que a la vuelta de la historia reciente México destaca, pero por ser el país más desigual en la región más desigual del planeta.

Lo anterior tiene razón de ser, porque con el paso de los años y de los gobiernos el resultado ha sido el mismo. La estadística histórica del Inegi documenta que en el Porfiriato el salario mínimo general promedio diario se incrementó de 22 centavos de peso en 1877 a 49 centavos en 1911, un aumento nominal cercano a 123 por ciento. Sin embargo, con base en la misma fuente, la inflación en ese periodo fue mayor a 140 por ciento, con la consecuente pérdida real del poder adquisitivo –es decir, lo mismo que hoy sucede–, toda vez que la carrera salarios-precios siempre es ganada holgadamente por éstos últimos (en el periodo 1982-2018, los primeros aumentaron 24 mil 274 por ciento y los segundos 215 mil 75 por ciento).

Las rebanadas del pastel

Entonces, bienvenido el aumento al salario mínimo, pero hay que seguir por esa ruta, porque falta mucho por recuperar.

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