Barcelona. El Tribunal Supremo español dio el primer paso este martes para el inicio del histórico proceso contra 18 líderes independentistas catalanes por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Todos ellos fueron impulsores y ejecutores de la declaración unilateral de secesión del 27 de octubre de 2017.

En lo que se conoce en la jerga judicial como la vista de previo pronunciamiento, ante la Sala del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, los magistrados escucharon las posturas de los abogados de los 18 acusados, así como de la Fiscalía General del Estado y de la acusación particular. Mientras los abogados defensores rechazaron las acusaciones, sobre todo la de rebelión, también alegaron que incluso en el caso de que los hubieran cometido, la institución adecuada para su juicio sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una vez que fue ahí donde ocurrieron los hechos.

Tanto la acusación particular como los fiscales que representan al Estado español defendieron justo lo contrario; es decir, que hay indicios sólidos de la presunta vinculación de los imputados en la vulneración de la ley a través del intento de independencia de una parte del territorio, incurriendo así en los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Una vez que fueron escuchadas todas las posturas, ahora serán los jueces del Tribunal Supremo los que decidirán si son o no competentes para juzgar a los líderes catalanes, o si desestiman la causa en su jurisdicción y la remiten a otro órgano judicial. Entre los políticos imputados se encuentran los principales actores del proceso de secesión fallido de 2017, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont –quien se fugó a Bélgica, desde donde mueve los hilos del actual gobierno catalán–; el ex vicepresidente Oriol Junqueras, en prisión desde hace más de un año y que desde su reclusión sigue siendo el máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya; la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell; además de los ex consejeros (ministros) Joaquim Forn, Jordi Turulll, Marixel Bassa, Marixel Borras, Raül Romeva y Josep Rull, y los ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, respectivamente.

Durante su alegato, el fiscal Jaime Moreno advirtió que los fines de la rebelión son derogar la Constitución española y declarar la independencia. Derogar la Constitución está en la diana de la estrategia independentista. El resultado afecta a todo el territorio. Es un atentado grave al interés general de España, con lo que justificó que el juicio se desarrolle en el Tribunal Supremo, con sede en Madrid.

Una vez resuelta la vista previa, y si el Tribunal Supremo decide asumir el caso, lo más probable es que los nueve políticos que están en prisión sean trasladados de Cataluña a Madrid para acudir a las vistas judiciales. Cuatro de ellos están en huelga de hambre desde hace tres semanas en protesta por la falta de garantías a su situación penal. El resto están libres bajo fianza o refugiados en otros países europeos que no han concedido la extradición a España, como Bélgica, Reino Unido y Alemania.

Mientras, la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros del gobierno español, que encabeza el socialista Pedro Sánchez, provocó más tensión en Cataluña. La sede de la Lonja –donde se celebrará la reunión el próximo viernes– ya está vigilada las 24 horas y, pese a eso, ya han aparecido pintas de repulsa al gobierno español.

Los Comités de Defensa de la República ya se están organizando para bloquear los accesos al inmueble e impedir la celebración de la reunión. Además, 21 sedes del Partido Socialista de Cataluña aparecieron con pintas amenazantes y de repulsa; también se reportaron incidentes en la Universidad de Barcelona, donde estudiantes que instalaron una carpa informativa en favor de la unidad de España fueron amenazados de muerte por otros compañeros independentistas.

En vista de la situación, el gobierno español anunció que movilizará para la reunión ministerial a mil agentes policiales desde otros puntos del país, que se sumarán a los 9 mil oficiales autonómicos que vigilarán el encuentro en Barcelona.