Buenos Aires. Mediante otro fallo escandaloso, la Cámara Federal, integrada por jueces que responden al gobierno derechista del presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de las fotocopias de unos cuadernos escritos por el chofer de un ex funcionario –que fueron quemados por su dueño–, acusando a la ex mandataria de encabezar una asociación ilícita, y ordenó la libertad de la mayoría de los empresarios que estaban detenidos ilegalmente.

Los legisladores peronistas, incluso los más derechistas enfrentados a la ex mandataria, advirtieron que no votarán por retirar el fuero a la senadora Fernández de Kirchner.

La ex mandataria denunció en Twitter que hace una semana el pro oficialista periódico Clarín publicó que fuentes oficiales comunicaron a los hombres de negocios que iba a darse un fallo satisfactorio para los empresarios y confirmar el procesamiento de Fernández de Kirchner. Esto demuestra la injerencia del gobierno, sostuvo la ex presidenta preguntándose si el gobierno redacta las resoluciones y la Cámara Federal las comunica.

“Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo (cuando no se puede ocultar) el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta”, tuiteó la ex mandataria.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) repudió el fallo. Los legisladores advirtieron en un comunicado que esta decisión constituye un paso más en la persecución política, judicial y mediática que sufren los dirigentes de nuestro espacio desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.

El portal El Destape escribe que como lo había adelantado, finalmente los empresarios se vieron beneficiados por los jueces de esta instancia: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, señalando que este último magistrado era integrante del Tribunal Oral Federal que mandó preso al ex vicepresidente Amado Boudou en el juicio por la empresa Ciccone y que tras ese fallo fue premiado por el gobierno con un ascenso.

El fallo también confirmó el procesamiento de Julio de Vido, ex ministro de Planificación, y del subsecretario de esa cartera, Roberto Baratta, como líderes de una asociación ilícita, incluyendo en la lista al ex secretario José López, al financista Ernesto Clarens y al ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quienes hasta ahora eran considerados como miembros de la banda.

Se dejó fuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también, entre ellos el primo del presidente Macri y su socio Angelo Calcaterra, así como a otros hombres de negocios.

Las irregularidades de esta causa han sido calificadas por reconocidos juristas como antijurídicas, al partir de unas fotocopias y armar un relato, en un caso en el que ni siquiera existen las pruebas ni se hace mención al expediente. Lo escrito con un esquema de informes de inteligencia por el ex chofer Óscar Centeno, quien confirmó que quemó los cuadernos, fue utilizado para armar una causa en la que finalmente se pudiera acusar a la ex presidenta, contando con la famosa ley del arrepentido, mediante la cual el juez Claudio Bonadio citó a empresarios y otros personajes a los que les ofreció la libertad si declaraban contra la ex mandataria y sus funcionarios.

Las acusaciones basadas en las fotocopias, que pudieron incluso –como se sospecha– ser escritas por los servicios de inteligencia, se referían a la banda como si se tratara de una banda de ladrones. En un apartado, los jueces también resolvieron rechazar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, formulada por varios ex funcionarios presos.

Me parece exagerada la ratificación del procesamiento con prisión preventiva. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo de fuga respecto de la ex presidenta? ¿A dónde va a ir? ¿A África meridional? , dijo el senador peronista más macrista de esa cámara, Miguel Ángel Pichetto.

Si algo faltaba en las incoherencias judiciales de estos tiempos, la fiscal subrogante de Esquel, Silvina Ávila, elevó este jueves un pedido de indagatoria a 12 miembros de la comunidad mapuche de Resistencia en Cushamen, donde murió Santiago Maldonado, imputándolos como miembros de una asociación ilícita y que incurrieron en los delitos de falso testimonio y obstrucción de la investigación por la muerte del joven.

Todo esto sucede cuando la economía estalla; el riesgo país subió hoy hasta 804 puntos, mientras la recesión se profundiza y la protesta social está en las calles en este día en que se recordó a los asesinados en diciembre de 2001, cuando surgió el argentinazo, una protesta que había comenzado como la que se extiende ahora por todo el país.