Para impedir el dispendio de recursos observado durante los procesos electorales, el Congreso de la Ciudad de México anticipará dentro de la discusión del paquete económico de 2019 la ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos, que la Constitución Política local fija como plazo al Legislativo hasta septiembre del próximo año para expedirla.

Las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda iniciarán este jueves la discusión del Código Fiscal, la Ley de Ingresos y la antedicha ley, para continuar el sábado con el Presupuesto de Egresos y tener el paquete económico aprobado por el pleno antes del domingo.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Guadalupe Morales Rubio, de Morena, explicó que la ley de transparencia en remuneraciones sustituye a la actual Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, que incorpora preceptos establecidos en la Constitución, como impedir que se apliquen programas no autorizados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, como hacían las delegaciones y algunas dependencias para generar acciones clientelares y de compra del voto en periodo electoral.

Destacó que se trata de la norma que impide además a los servidores públicos recibir remuneraciones superiores al de quien sea titular de la jefatura de Gobierno, aunque aclaró que en el caso de los órganos autónomos, sus actuales titulares tendrán garantizada su remuneración actual.

Si bien la Constitución –que entró en vigor el pasado 17 de septiembre, fecha en que se instaló también el Congreso capitalino– señala que el Legislativo tendrá un año para expedir esa ley; establece también que las remuneraciones que a la entrada en vigor de esta Constitución sean superiores a las máximas establecidas en la ley, deberán ser ajustadas o disminuidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, por lo que se decidió apresurar su expedición.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres, también de Morena, adelantó que al Código Fiscal lo acompañará un documento con la lista de las 530 colonias que tendrán ajustes en el cobro de predial, para resarcir alzas injustificados, y que se incorporará la reforma planteada por diputados de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda para transparentar el monto y destino del pago que realizan los desarrolladores inmobiliarios por mitigación del impacto de sus construcciones, e impedir que puedan saldarlo en especie.