n la conferencia matutina de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención de los grupos neofascistas que, azuzados desde el anonimato, emprendieron una campaña sucia en contra de su gobierno, tratando de capitalizar la trágica muerte de la gobernadora poblana, Martha Éricka Alonso, y de su marido, el ex gobernador Rafael Moreno Valle; el mandatario se refirió también al ambiente hostil creado en forma deliberada por una minoría de conservadores que actúa de manera muy mezquina en el homenaje fúnebre a las cinco víctimas del percance aéreo del 24 de diciembre y en el cual su representante, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue objeto de insultos por parte de algunos de los asistentes; López Obrador explicó que decidió no asistir a ese acto justamente para no hacerles el juego a esos provocadores y enviar en su representación a la funcionaria mencionada.

Ante lo expresado por el titular del Ejecutivo federal, líderes de opinión conocidos como comentócratas, opositores de varios partidos y bots, así como trolls que pueblan las redes sociales intensificaron su agresividad recurriendo a falsificaciones noticiosas y a etiquetas como #AMLOASESINO y #AMLOCobarde, en un esfuerzo por desprestigiar a la figura presidencial, a sus colaboradores y a sus adeptos.

A estas alturas es inocultable que hay sectores de la oposición política y social empeñados en inducir en la sociedad percepciones falsas, como la de una falta de voluntad gubernamental para esclarecer lo ocurrido. Estas andanadas deben contrastarse con la expresa disposición de las autoridades federales a llevar a cabo una investigación transparente y exhaustiva de lo ocurrido en Santa María de Coronango. En el esclarecimiento participan ya las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Ciudadana y Marina, además de expertos de los fabricantes de la aeronave, y se ha solicitado la colaboración del Consejo de Seguridad del Transporte de Estados Unidos –entidad que no ha podido dar respuesta por la parálisis del gobierno en el país vecino–, del organismo homólogo de Canadá –cuyos especialistas llegan hoy al país– y de peritos europeos no especificados. No hay, pues, justificación para sospechar alguna intención de encubrimiento por parte de las autoridades nacionales ni margen para exigir un esclarecimiento que, de hecho, ya está en curso.

Es necesario que los adversarios del gobierno canalicen su inconformidad en forma institucional, civilizada y ética, desistan de sacar réditos políticos de un hecho trágico y permitan que la investigación del percance en Puebla arroje resultados.

Debe tenerse en cuenta que, por interés de todos, el país debe avanzar en la consolidación institucional de las nuevas autoridades y que Puebla deberá afrontar en breve un nuevo proceso electoral, circunstancia que requiere de la reconstrucción de la convivencia, el fin de la polarización política y un clima de mínimo entendimiento entre las facciones políticas. Por ello resulta obligado deponer las inquinas, las fobias y las actitudes pasionales, dejar de lado rumores, noticias falsas y versiones insidiosas, recuperar la serenidad y centrar el debate en los graves problemas sociales, económicos y políticos que gravitan sobre el país y esa entidad.