l gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó recibir a los migrantes, de cualquier nacionalidad, que hayan solicitado refugio en Estados Unidos para que estén en México mientras dan respuesta a su solicitud, justificando esa resolución en una supuesta legislación mexicana vigente y compromisos internacionales suscritos en el marco de una determinación soberana del gobierno federal. Desde mi punto de vista es una decisión totalmente equivocada, pues va en contra de los migrantes a los que supuestamente se pretende proteger. El canciller Marcelo Ebrard deforma los términos al señalar que aceptó brindar protección a esa población por razones humanitarias cuando, la realidad, es que está aceptando una imposición unilateral de Estados Unidos forzando a la nación a tomar una decisión que no sólo no le corresponde, sino que justamente está permitiendo la violación de los derechos humanos de esos migrantes.

En primer lugar, con su anuencia está siendo cómplice de la infracción que la administración de Donald Trump está llevando a cabo en la medida en que sus leyes le obligan a retener dentro de Estados Unidos a quienes demandan asilo. Por otro lado, está alejando a los abogados de los solicitantes de asilo poniendo un país de por medio dificultando el contacto con los migrantes. Decir que la tecnología permite superar ese problema, es simplemente darles una bofetada a esos migrantes porque, como se puede suponer, no sólo tienen muy difícil acceso a esas modernidades, pero lo peor es que entorpece mantener, con la asiduidad necesaria, la relación entre migrantes y abogados. La cercanía con los abogados les otorga mayor seguridad a los migrantes, ante condiciones tan contingentes y de tanta incertidumbre de un proceso de por sí muy problemático.

El gobierno mexicano no debe ser cómplice de las transgresiones que Donald Trump pretende llevar a cabo, por el contrario, debe poner en evidencia ante la comunidad internacional que ese gobierno está evadiendo lo que de suyo es un asunto interno y que la salida no puede ser aceptar retener en México a los migrantes, pues es un atentado a sus derechos humanos, a la ley de asilo y a los tratados internacionales. Por más que el gobierno de Donald Trump haya querido escabullirse de sus compromisos internacionales, al no querer firmar el Pacto Mundial para una Migración Ordenada y Regular firmado por 150 naciones en Marruecos el 11 de diciembre del presente año, hay otro conjunto de tratados iternacionales que debe respetar, pues siguen vigentes en Estados Unidos.

México y su gobierno tienen claro que hay una migración forzada, que podemos caracterizar como personas que enfrentan una profunda precariedad y que para sobrevivir buscan nuevos horizontes atravesando penosamente las fronteras en forma irregular, o indocumentada, y a la que suele conceptualizarse como migración económica. Esta es una migración que enfrenta un falso debate, porque supuestamente no amerita ninguna protección (es decir refugio ni asilo) lo que impide poner de relieve las causas profundas generadas por el sistema capitalista en su fase neoliberal que ha producido un crecimiento desmesurado de la pobreza y beneficios extraordinarios para una ínfima parte de personas en el planeta. Habría que recordar que los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, siguen subsidiando a sus productores que reducen a tal nivel los precios mundiales que los campesinos de las naciones en desarrollo pierden más que el presupuesto total de ayuda estadunidense a esos países. Por lo que no es extraño que esos agricultores abandonen sus tierras y emigren hacia Estados Unidos.

Oxfam señala que las restricciones comerciales de las naciones ricas implican enormes costos para los países en desarrollo, los que se calculan en el doble de lo que reciben como ayuda. Esto explica por qué ambos grupos, los migrantes económicos y los refugiados están forzados a moverse por razones de sobrevivencia física o económica, hermanados por la urgencia de encontrar trabajo. Como señala Stephen Castles, las políticas del Norte en materia de comercio, cooperación internacional y asuntos internacionales son las principales causas de los flujos migratorios que las políticas migratorias del propio Norte pretenden controlar.

Consideraciones que el gobierno del presidente López Obrador debe incorporar a su muy importante proyecto de apoyo a los países centroamericanos.

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