Para el nuevo gobierno federal, el problema de la desaparición de personas se generó con el conflicto entre el Estado y los grupos criminales durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En ese periodo se desató una profunda crisis de violencia e inseguridad ante un Estado incapaz de resolverla, advirtió la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) de la Secretaría de Gobernación (SG).

Al poner a consideración de la opinión pública el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, la CNBP destacó el papel de los familiares, muchas veces revictimizados: “Se debe reconocer y enaltecer el trabajo de búsqueda que han llevado a cabo los familiares de los desaparecidos, colectivos y organizaciones de derechos humanos ante la incapacidad de las autoridades para hacer frente al problema.

“Desgraciadamente, en la mayoría de los casos dicha búsqueda ha consistido en encontrar sitios de entierro irregulares donde muchas personas desaparecidas han sido inhumadas. A pesar de que ésta también fue una práctica común durante la guerra sucia, a partir de 2006 el fenómeno se ha incrementado.”

El programa fue elaborado, detalló la CNBP, a partir de las recomendaciones de familiares de víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y autoridades.

En el diagnóstico inicial explica que las desapariciones forzadas (ejecutadas con la participación de agentes del Estado) han resurgido con un nuevo patrón que no necesariamente encaja en el de la guerra sucia, las dictaduras latinoamericanas o el conflicto colombiano. Igualmente, las desapariciones cometidas por particulares son ejecutadas por integrantes de la delincuencia, a veces coludidos con servidores públicos, por motivos criminales como el secuestro, la extorsión o la trata de personas.

Hasta noviembre pasado, la SG tiene el registro de 37 mil 435 desaparecidos en el país. No obstante, se aclara que no existe una cifra oficial de desaparición forzada porque en los expedientes no se diferencian los casos en que los servidores públicos estuvieron directa o indirectamente involucrados.

En el documento puesto ayer a consideración de todos los interesados, la CNBP hace énfasis en el grave problema que tiene México en este rubro y sobre todo su recrudecimiento a partir del sexenio calderonista. El fenómeno de las desapariciones en México en la época actual se generó después del inicio de la estrategia de seguridad emprendida en 2006, se indica en la página 18 del programa.

Persisten además la impunidad y la autoridad rebasada, pues el repentino aumento de la incidencia del crimen de desaparición dificultó su investigación y persecución.

El documento marca pautas para la recolección de datos y revisión de averiguaciones previas, depuración de bases de datos y operaciones de búsqueda con cruce de información, así como de acciones urgentes de rastreo y plan para indagar en fosas, entre muchos otros puntos.

Todos los elementos incluyen acciones a corto y mediano plazos, así como responsables y roles de los distintos actores.

Otra parte fundamental del programa es la comunicación y rendición de cuentas a los familiares, entrega digna de los restos de los desaparecidos y apoyo sicosocial a los allegados. De manera paralela deberá emitirse un protocolo homologado de búsqueda inmediata y larga data.

El trabajo para la construcción de este programa nacional se inició con un índice temático; en el proyecto difundido esta semana se presenta una metodología de búsqueda.

La versión final se dará a conocer luego de la realización de mesas de trabajo con familiares de personas desaparecidas, grupos civiles y la academia.