n Tijuana la seguridad pública muestra tal deterioro que en sólo 24 horas transcurridas entre el lunes 7 y el martes 8 de enero fueron asesinadas 18 personas, y en todo el mes pasado se cometieron 220 homicidios. En el caso de la violencia letal ejercida contra las mujeres, a la alarmante cantidad de crímenes se suma la sistemática omisión de las autoridades para abordarlos con un enfoque de género: de 27 asesinatos de mujeres registrados durante enero, sólo uno fue clasificado como feminicidio, una situación que se replica a escala nacional.

Las mujeres de la capital del país han sufrido una negligencia parecida en la atención de las agresiones en su contra: de acuerdo con denuncias públicas, las jóvenes que acuden a reportar intentos de secuestro dentro o en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro se encuentran con que sus casos son clasificados como robo por las personas encargadas de dar seguimiento a sus reportes. Sin embargo, debe señalarse que la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, manifestó su sorpresa e indignación al enterarse de tales hechos, y aseguró que se trabajará para que las denunciantes sean atendidas de manera adecuada.

Una tercera muestra de insensibilidad y desconocimiento acerca de la magnitud y características del flagelo de la violencia de género se produjo con las declaraciones de la diputada local veracruzana Ana Miriam Ferráez, quien el 21 de enero propuso atajar los feminicidios mediante un toque de queda que impidiera a las mujeres salir de sus casas después de las 10 de la noche. En este caso, al despropósito de recluir a las víctimas en vez de a los atacantes se sumó la ignorancia acerca de una de las facetas más alarmantes de la violencia feminicida: el elevado porcentaje de crímenes cometidos dentro de los hogares por hombres cercanos a las víctimas.

En este contexto, se produce el debate en la Cámara de Senadores acerca de la inclusión del feminicidio en la lista de delitos considerados graves, lo cual se traduce en la práctica como el establecimiento de la prisión preventiva para las personas que sean acusadas de cometer este ilícito. Resulta necesario considerar que, si bien este recurso puede erigirse en una herramienta que ayude a abatir la impunidad, la experiencia también ha probado que la prisión preventiva oficiosa abre la puerta a todo tipo de abusos de autoridad, y por ello es cuestionada incluso por organizaciones que combaten la violencia misógina.

Lo claro es que sociedad y autoridades deben tomar todas las medidas necesarias, en un contexto de respeto integral a los derechos humanos, para poner fin a la violencia que ha terminado con las vidas de miles de mujeres, y con la tranquilidad y libertad de millones de ellas.