El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destituyó al juez de distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, por corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia.

González Hemadi fue suspendido en 2017 por su notoria incapacidad para ser investigado por el amparo que otorgó a Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys, acusado de violar a Dafne N, entonces menor de edad.

En una resolución de ese año, Anuar González consideró que cuando la víctima –de 17 años de edad– fue atacada, el imputado, junto con sus amigos, le tocó los senos, metió las manos debajo de su falda e introdujo los dedos por abajo del calzón y se los introdujo en la vagina, pero que no observó intención lasciva ni que el acusado buscara copular, por ello le otorgó en ese entonces la protección de la justicia, al considerar que lo sucedido no fue un acto sexual, sino roce y frotamiento incidentales.

El CJF señaló ayer que la responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social, y que las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos.

Ese es nuestro compromiso, esa es la integridad judicial por la que trabajamos en el Consejo de la Judicatura Federal. Aseguró que las áreas internas del CJF actuaron con absoluto profesionalismo en las investigaciones administrativas, siempre en apego al debido proceso, la presunción de inocencia y conforme a la Constitución.

El pleno agregó que el compromiso ante la sociedad es de cero tolerancia y combate a la corrupción. En su cuenta de Twitter, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea reiteró que no se tolerarán actos de corrupción ni negligencia inexcusable, sobre todo en delitos sexuales contra mujeres y menores de edad. Demuestro con hechos mi compromiso en la transformación del #PJF.

Este es el tercer caso en la actual administración que un impartidor de justicia es separado de su cargo por actos de corrupción.