Toluca, Méx., El gobierno del estado de México debe aclarar observaciones sobre un presunto daño de más de 4 mil 300 millones al erario durante el ejercicio fiscal 2017, último año de gobierno del priísta Eruviel Ávila. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se habrían desviado recursos federales destinados a educación, el fondo metropolitano y nómina, entre otros rubros.

En su tercer y último informe de la fiscalización de la cuenta pública 2017, la ASF instruyó a la Secretaría de la Contraloría mexiquense a iniciar más de 15 procedimientos administrativos sancionadores contra servidores públicos que habrían incurrido en anomalías en el ejercicio de dichos recursos federales.

El reporte indica que la ASF ha emitido 19 pliegos de observaciones al gobierno del estado de México. La irregularidad más grande implica el destino de mil 261 millones de pesos de participaciones federales, pues la administración estatal no presentó documentos que sustenten su correcta aplicación.

Otra observación fue dirigida a la Secretaría de Finanzas mexiquense, por mil 273 millones de pesos, pues presentó documentos que no corresponden al Programa de Diseño de la Política de Ingresos, que era su destino original.

Varios pliegos de advertencias se relacionan con pagos de nómina indebidos. En la observación 3, correspondiente a la auditoría 866, se habla de un perjuicio a la hacienda pública de 219 millones 471 mil pesos por pagos en exceso en la percepción denominada sueldo base.

En la auditoría 879 se detectaron pagos por 14 millones 388 mil pesos a 47 trabajadores que no acreditaron realizar funciones de educación básica. Otra observación en esa misma auditoría señala un probable quebranto a la hacienda pública por 2 millones 154 mil pesos por pagos a personas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa. No se proporcionaron elementos que acreditaran que los servidores públicos laboraron durante 2017 en los centros de trabajo a los que estuvieron adscritos.

Otra más, por 2 millones 353 mil pesos, se refiere a pagos indebidos a 105 trabajadores que recibieron licencias sin goce de sueldo, y una por 14 millones 787 mil reporta pagos indebidos a 923 trabajadores después de su fecha de baja. Además, se encontró un presunto desfalco por 109 mil pesos por pagos a trabajadores no localizados ni identificados en sus centros de trabajo.

En la aclaración 15, correspondiente a la auditoría 869, se presume que 724 millones de pesos de un crédito contratado con Banobras se transfirieron a cuentas de terceros sin acreditar que los recursos se destinaran a inversión pública, como autorizó la legislatura local. Otros 265 millones fueron a parar a una cuenta del gobierno del estado; 258 millones a la Junta de Caminos y 108 millones de pesos a una cuenta del ayuntamiento de Ecatepec, pero ninguna de estas entidades acreditó el destino de los recursos.

Una observación por 30.5 millones de pesos se relaciona con pagos a proveedores y contratistas con recursos del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa por gastos de operación y colocación de plantas y árboles de ornato; por reparación y conservación de áreas verdes del edificio central de Servicios Educativos Integrados al estado de México, y por reparación del piso de concreto del estacionamiento de esa dependencia.

En el Fondo Metropolitano se detectó la aplicación irregular de 32 millones de pesos, de los cuales 17 millones se asignaron al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico mexiquense, y 15 millones a la Comisión del Agua del Estado de México. Como no hay pruebas del ejercicio de esos recursos, se pidió que se reintegren a la Tesorería de la Federación, lo que no ha ocurrido.