n diciembre de 1997 se constituyó un fideicomiso en Nacional Financiera para garantizar el pago de las pensiones a los trabajadores jubilados de la extinta paraestatal Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), desmantelada por el gobierno de Ernesto Zedillo con el propósito de entregar el sector ferrocarrilero a distintas compañías privadas extranjeras. A partir de entonces, a lo largo de más de dos décadas y de cuatro diferentes administraciones federales, cada año el gobierno ha entregado 18 millones de pesos directamente al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana con la presunta finalidad de cubrir los costos de un comité encargado de administrar los recursos del fideicomiso –integrado con una aportación inicial de 13 mil 579 millones de pesos.
Desde noviembre de 2016, los ferrocarrileros retirados han denunciado que los recursos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de gestoría al gremio que encabeza Víctor Flores Morales, son administrados de manera opaca, sin rendición de cuentas ni informes que permitan darle un seguimiento a su destino. Dicha situación persistió, pese a la alternancia partidista vivida en la nación entre 2000 y 2012, y no fue alterada ni siquiera a raíz de las múltiples denuncias por fraude, agresiones físicas, uso indebido de recursos públicos, hostigamiento y represión que acumula el emblemático representante de lo peor del charrismo sindical.
El desfalco –que suma casi 400 millones de pesos– fue evidenciado porque la actual administración federal decidió poner fin a dicha transferencia en el contexto de sus medidas de austeridad. De acuerdo con un comunicado conjunto de Hacienda y su Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dicho recorte no afectará en nada el pago de las jubilaciones de unos 27 mil beneficiarios, lo cual obliga a preguntarse cómo se ha usado ese dinero a lo largo de tantos años, si ahora se sabe que no se requería para garantizar las prestaciones de los ferrocarrileros.
Si bien resulta aplaudible que se termine con un dispendio de esta magnitud, sólo explicable por las redes de corrupción e impunidad tejidas a lo largo de décadas de tráfico de favores entre autoridades, patrones y dirigentes sindicales en detrimento de las mayorías trabajadoras, es también imprescindible emprender una investigación puntual acerca del destino de los recursos públicos, así como de los responsables de su manejo, pues de otro modo poco se habrá avanzado en el desmantelamiento de dicho tipo de lacras.
