El gobierno de López Obrador sólo ha atendido de forma selectiva algunos casos de violaciones a derechos humanos –como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– para simular que tiene una política integral en la materia, por lo que una gran cantidad de expedientes están quedándose sin atención.

Así lo advirtió el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), José Antonio Guevara, quien urgió a la actual administración a retomar la propuesta de permitir la formación de un organismo internacional contra la impunidad, así como una gran comisión nacional de la verdad, para dar la misma importancia a todos los agravios.

López Obrador no tiene una política comprensiva o integral para abordar temas de preocupación que se expresaron durante la campaña y el periodo de transición, como la justicia, el combate a la impunidad, el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, lamentó el abogado en entrevista con La Jornada.

En lugar de ello, el actual gobierno ha realizado acciones en algunos casos particulares, como la creación de una comisión de la verdad para Ayotzinapa, o el ofrecimiento de disculpas a la periodista Lydia Cacho y a los familiares de las personas desaparecidas en Tierra Blanca, Veracruz, pero ha dejado de lado otros temas que merecen igual atención.

Sin embargo, no hizo mención alguna de casos como el de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, o los cientos de personas desaparecidas en los años 70, en el contexto de la llamada guerra sucia.

Por todo lo anterior, el director de la Cmdpdh consideró que la única forma de abordar el fenómeno de impunidad que se vive en el país es creando un mecanismo internacional que permita hacer investigaciones a gran escala de los fenómenos delictivos de las últimas décadas.