Las estaciones migratorias son el ejemplo más claro de la corrupción que se padece en el Instituto Nacional de Migración (INM), expresó Adriana Aguilar, coordinadora del área de investigación de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

Este organismo –que junto con Sin Fronteras y Fundar dieron a conocer un reporte sobre detención migratoria– informó que las formas de esta mala práctica que operan en instalaciones del INM son similares a las de las cárceles, por ejemplo, en el cobro de servicios básicos.

Para enfrentar ese flagelo, Adriana Aguilar expresó que se requiere transparentar los recursos destinados a la atención de las personas migrantes, además de esclarecer la forma en que funcionan las estaciones migratorias, pues hasta ahora es muy difícil para las organizaciones tener acceso a esos espacios y la opacidad en la que operan perpetúa la corrupción.

Ana Saiz Valenzuela, directora de Sin Fronteras, expresó que se requiere considerar el papel que han jugado las estaciones migratorias, debido a que se priva a la gente de su libertad sin haber cometido delito alguno, sólo por decisiones administrativas, y no tienen acceso a una defensa legal adecuada.

Dijo que tras el reconocimiento que hizo la Secretaría de Gobernación de que persiste el cohecho en el INM, es recomendable considerar la posibilidad de suspender o cancelar cualquier tipo de revisión migratoria que se pudiera hacer fuera de los puntos de internación en el país.

Las revisiones migratorias, detalló, se realizan con base en estereotipos y se prestan para que se presenten casos de violaciones a los derechos humanos por agentes del instituto.

En general, agregó Ana Saiz, debe reorientarse toda la actuación del INM hacia una política de regularización que no tenga nada que ver con cuestiones de seguridad nacional, sino que base su actuación en políticas de seguridad humana.

Sugirió considerar el tratamiento que se da a niños, niñas y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados, porque existen muchos problemas en la determinación del interés superior de la infancia debido a que la única autoridad facultada para hacer esa determinación es la procuraduría especializada en la materia.

Se debe erradicar la detención de niñas, niños y adolescentes porque es contraria a la ley nacional y a los compromisos y prácticas internacionales a los que México país está suscrito, indicó la directora de Sin Fronteras.

Asimismo, dijo, es necesario pensar en una nueva política migratoria que cambie el paradigma de seguridad nacional por uno de derechos humanos, diseñada desde los más altos niveles de gobierno con el respaldo político de las secretarías de Estado, como las del Trabajo, Educación Pública y Bienestar, con el propósito de lograr una estrategia de movilidad humana que cumpla con las leyes y los compromisos de México en el ámbito internacional.