La iniciativa de reforma educativa presentada por el Ejecutivo federal, así como varias versiones filtradas del proyecto de dictamen elaboradas por comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, fueron severamente criticadas por expertos en el tema educativo, quienes las calificaron de incoherentes y contradictorias, además de tener múltiples rasgos de continuidad a la del sexenio pasado.

Con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, los especialistas prácticamente destrozaron la iniciativa presidencial y sus diferentes versiones. Varios coincidieron en que esta reforma educativa no equivale al proyecto y a la magnitud de cambio nacional que se llama e identifica a sí misma como la Cuarta Transformación del país.

Es una propuesta que no enuncia lo que debe ser la mirada de un Estado que propone transformar el país, extrañe una educación liberadora, una educación como derecho; sí estaba la educación para el bienestar, pero ésta ha ido desapareciendo; equidad, pero muy diluida; formación, inclusión, honradez, es decir, no se ve con precisión ese panorama que siempre debe tener la educación como horizonte ético, aseguró Manuel Gil Antón, académico de El Colegio de México, en una parte de su intervención.

En la mesa redonda El proyecto educativo y la reforma al artículo tercero de la Constitución, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Concheiro señaló que es responsabilidad ahora de la fuerza política mayoritaria del Congreso, de sus aliados y los pactos que haga, sacarla adelante.

El funcionario se comprometió a ver de manera especial, en la iniciativa de ley, que el tema de obligatoriedad y gratuidad de la educación incluya también a las universidades, pues hasta ahora el Estado no se hace responsable.

En este sentido, Elsie Rockwell Richmond, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que en la iniciativa no se hacen explicitas las obligaciones del Estado, por lo que, desde su visión la obligatoriedad recae en las familias y los jóvenes y se convierte en un requisito para acceder a un empleo digno o formal.

Garantizar lo que hace el Estado no es asumir la obligación de dar educación y respetar el derecho a la educación de todos, dijo la especialista, quien calificó la iniciativa conocida como incoherente y contradictoria.

A lo largo de dos mesas participaron, entre otros, Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; Ángel Díaz Barriga, del Iisue; Teresita Garduño, normalista de la Red de Educación Alternativa, y Etelvina Sandoval, de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes criticaron amplias partes de la iniciativa presentada, así como de varios documentos legislativos que se han filtrado y que parece serán la base del dictamen de las comisiones legislativas.