Un juez federal resolvió destituir a Mario de la Madrid Andrade como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima (STJE) debido a que su nombramiento fue inconstitucional y no respetó el derecho de todos los interesados en ese cargo a participar en el proceso.

El juez tercero de distrito, Ignacio Berumen Villavicencio, ordenó realizar una nueva selección luego de analizar el amparo 598/2018 promovido por José Villalvazo contra el acuerdo aprobado el 18 de julio de 2018 por el Congreso de Colima, el cual aprobó el nombramiento de De la Madrid Andrade.

La resolución explica que el quejoso presentó un recurso de inconstitucionalidad por la forma en que se designó a los magistrados, pues no se emitió convocatoria para que quienes reunieran los requisitos de ley pudieran ser incluidos en la terna que presentó el gobernador priísta Ignacio Peralta Sánchez a la pasada legislatura estatal.

Explica además que los artículos constitucionales que facultan únicamente al gobernador para emitir una propuesta al Congreso son inconstitucionales y violatorios de los derechos humanos consagrados en la Constitución federal y en acuerdos internacionales.

El juez Ignacio Berumen Villavicencio resolvió que el ciudadano que presentó el recurso de inconstitucionalidad puede concursar por el cargo, y de igual forma Mario de la Madrid Andrade puede participar en el nuevo proceso.

Con el magistrado suman cuatro funcionarios destituidos por impugnaciones presentadas ante la justicia federal contra la anterior legislatura estatal, que concluyó en septiembre de 2018. En marzo de 2019 otro juez federal ordenó la destitución de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y la reposición del procedimiento.

En Tepic, Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, renunció al cargo, que podía ocupar hasta el 17 de diciembre. El tribunal y el Congreso local decidirán si aceptan la renuncia.

Enríquez Soto estaba suspendido desde el 15 de marzo debido a señalamientos en su contra por supuestos juicios ilegales para despojar a más de 50 mil propietarios de inmuebles adquiridos mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.