El recorte al gasto anunciado el viernes pasado fue una respuesta del gobierno federal a la baja de los ingresos en el primer trimestre del año, como resultado de la disminución del ritmo de crecimiento económico, consideró ayer la calificadora internacional Moody’s.

Advirtió que los ingresos del sector público pueden ser más reducidos tras el inesperado bajo crecimiento económico en el primer trimestre de este año y complicará la agenda política, por lo que se necesitan recortes adicionales al gasto.

Explicó que los recortes al gasto han permitido a las autoridades mantener el objetivo de déficit fiscal para este año sin cambios en 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

En un contexto de desaceleración de la economía, la respuesta política pro cíclica de las autoridades podría exacerbar el crecimiento ya lento, atenuar el sentimiento y la inversión de las empresas, así como afectar las perspectivas a corto plazo de la economía.

El débil crecimiento (del primer trimestre) dio lugar a ingresos por debajo de lo presupuestado en enero y febrero, y en respuesta el gobierno recortó los gastos presupuestados, afirmó Moody’s en un reporte publicado ayer.

El viernes anterior el gobierno federal anunció 13 medidas de recorte adicional al gasto, entre ellas la disminución en 30 por ciento del gasto en comunicación social, la supresión de todas las plazas de director general adjunto y una reducción de 30 y 50 por ciento de viáticos nacionales y extranjeros, respectivamente.

Según el gobierno, el recorte adicional al gasto tiene como fin generar recursos para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En las directrices presupuestarias macroeconómicas actualizadas para 2019, publicadas a principios de abril, las autoridades indicaron que un menor crecimiento del PIB reduciría los ingresos del sector público en 0.5 por ciento del producto interno bruto y que se necesitarían recortes de gastos de una magnitud similar para compensar el déficit.

Sin embargo, dado que los riesgos para el desempeño económico de este año se inclinan a la baja, los ingresos del sector público pueden ser más reducidos incluso que las estimaciones revisadas del gobierno, que requieren recortes adicionales de gasto.

En ese caso al gobierno le resultaría más difícil cumplir los objetivos presupuestarios establecidos, lo que lo haría más desafiante para preservar su compromiso con la responsabilidad fiscal más allá de 2020, ya que busca equilibrar los objetivos de políticas en competencia, incluido el apoyo financiero continuo para Pemex, una mayor cobertura de los programas sociales y un mayor gasto en proyectos de infraestructura, incluidas las nuevas refinerías.

Si bien es manejable en 2019-2020, la situación eventualmente generará tensiones entre su compromiso con la responsabilidad fiscal y otros objetivos de política en ausencia de medidas generadoras de ingresos. Recordó que el gobierno ha descartado aumentar las tasas de impuestos o crear nuevas contribuciones en la primera mitad de su periodo de seis años.

Los ingresos totales del sector público –gobierno federal, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y banca de desarrollo– fueron, entre enero y marzo pasados, de un billón 295 mil 433 millones de pesos, monto inferior en 1.2 por ciento real al mismo periodo de 2018, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La cantidad obtenida fue menor en 68 mil 699.7 millones a los previstos en la Ley de Ingresos para ese trimestre.

En particular, durante el primer trimestre del año los ingresos petroleros fueron menores en 85 mil 639 millones de pesos a los previstos por el gobierno y lo aprobado por el Congreso. En tanto, los no petroleros, que están relacionados directamente con la actividad económica, fueron mayores en 16 mil 939.5 millones de pesos a lo presupuestado, indica la información de la SHCP.