Con los recortes al gasto anunciados por el gobierno federal el viernes pasado se obtendrán ahorros de entre 8 mil 245 millones y 10 mil 990 millones de pesos, incluyendo el monto de reducción de partidas en la administración pública federal y la eliminación de las direcciones generales adjuntas (DGA), se desprende del análisis de los Tomos analíticos del PEF-2019 y el memorando dado a conocer la semana pasada por autoridades federales.

La reducción de plazas, sólo en las DGA, rondaría mil 254, si exclusivamente se consideran las del sector central, pero si se hace extensiva a las homologadas de toda la administración pública el recorte ascendería 3 mil 600 puestos.

Las DGA existen tanto en el sector central como en entidades y banca de desarrollo.

El memorando y la ley instruyen la desaparición de las llamadas DGAS a más tardar este mes.

Aunque se puede establecer un universo de direcciones generales adjuntas u homologadas de 3 mil 600 y sólo se consideran las del sector central definidas con la clave L, son mil 254.

Los ahorros derivados de la cancelación de las DGA exclusivamente del sector central se estiman bajo la nueva ley de percepciones de la administración publica en mil 662 millones de pesos.

Pero si el recorte se amplía a las 3 mil 600 plazas, el ahorro anual ascendería a unos 4 mil 406.4 millones de pesos.

El total por reducción de partidas en las diversas dependencias del gobierno federal ascendería a 6 mil 583.8 millones de pesos, cifra que representa 0.7 por ciento del gasto programable al primer trimestre del año.

La dependencia con más ajustes sería la Secretaría de la Defensa Nacional, con 887.5 millones de pesos, seguida por Gobernación (765.7 millones), Medio Ambiente (765 millones), Salud (575 millones), Educación Pública (549 millones), Cultura (352 millones) y Comunicaciones y Transportes (306 millones).

Al interior, 43 por ciento de la reducción total del gasto de las 19 partidas que se ajustaron es de la 33901, que se refiere a la subcontratación de servicios con terceros y 15 por ciento a gastos de comunicación social.

Las medidas que refiere el memorando sobre la Ley de Austeridad en la Dependencias del Ejecutivo Federal son de observancia obligatoria para toda la administración pública federal.

En relación con la nómina para mandos y enlaces, solicita a las dependencias mantenerse en los techos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, por lo que pide desocupar plazas no autorizadas antes del 31 de mayo.

Elimina prácticamente a los asesores de todas las entidades y sólo conserva a cinco para la Presidencia de la República. Además, a choferes y vehículos asignados. Sólo el titular del Ejecutivo, secretarios y subsecretarios los mantienen.

Adicionalmente, se suprimen las DGA y se ajustan las plazas en las representaciones en el exterior.

Toda comisión en el extranjero debe ser autorizada por el Presidente, y se reducen 30 por ciento siete partidas presupuestales.

En 50 por ciento otras nueve relacionadas con la operación de las entidades, y 30 por ciento tres vinculadas con gastos de comunicación social.

Al respecto, Mario di Costanzo, consultor económico privado, opinó que resulta evidente que los ahorros presupuestarios no son suficientes para financiar los principales proyectos del gobierno, por lo que es necesario efectuar modificaciones fiscales al marco tributario (IVA, IEPS, ISR). De no ser así y continuar con la misma tendencia, la operación del gobierno colapsará, aseveró.

Di Costanzo Armenta sugirió que antes de realizar otro ajuste al gasto se haga un análisis más profundo sobre el costo-beneficio, ya que se puede dañar la operación de muchas dependencias. Incluso, puede haber impacto social y económico para la población.