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Funcionario de Javier Duarte, el agraviado

La fiscalía de Veracruz fabricó pruebas mediante tortura: CEDH
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de mayo de 2019, p. 24

Xalapa, Ver., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Jorge Winckler Ortiz, por considerar que esa instancia cometió tortura física y sicológica contra Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016).

Aguirre Garza fue detenido por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cadáveres, localizados en un paraje de La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, el 19 de enero de 2016.

La recomendación 25/2019, también fue para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por ser la responsable de los centros de reinserción social del estado, entre ellos el penal de Pacho Viejo, donde se habrían cometido actos de tortura contra el ex funcionario con la finalidad de fabricar pruebas.

La CEDH solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas que Aguirre Garza sea incorporado al Registro Estatal de Víctimas, y se analice la compensación que la fiscalía estatal y la SSP deberán pagar al ex funcionario, por el daño moral que le ocasionaron a causa de la violación a sus derechos humanos.

Pidió a la FGE investigar con la debida diligencia los actos de tortura cometidos y reconocerla calidad de víctima de Aguirre Garza.

Exhorto a la SSP

Recomendó a la SSP establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingresos a los centros de reinserción social del estado, de forma que éstos no sean susceptibles de alteración.

A las dos instancias les solicita también “investigar a los servidores públicos involucrados y a quienes hayan participado –por acción u omisión– en la violación a los derechos humanos aquí acreditada para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes”.

La FGE y la SSP tienen 15 días para notificar si aceptan o rechazan la recomendación, la cual se emite en medio de la disputa política que sostienen el gobernador Cuitlahuac García y el fiscal Jorge Winckler.