or presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ayer órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien de inmediato tramitó un amparo, y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien ayer mismo fue detenido por la Interpol en Palma de Mallorca, España. El día anterior la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa acerera y las del ex funcionario, su esposa y varias personas de su círculo más cercano. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Lozoya Austin.
Estas diligencias tienen lugar en el contexto de la pesquisa judicial sobre la venta a Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que era propiedad de AHMSA, a un precio desmesurado –275 millones de dólares– pese a que las instalaciones de esa fábrica habían estado paralizadas durante 14 años y 60 por ciento de su maquinaria era inservible. La compraventa se realizó en 2014, cuando Lozoya Austin encabezaba la petrolera. Se trata, pues, de una investigación no relacionada en principio con el caso Odebrecht, la empresa constructora brasileña de la que el político priísta habría recibido una suma millonaria en dólares a cambio de otorgarle contratos en instalaciones petroleras mexicanas.
Los hechos son relevantes porque pueden marcar el inicio del esclarecimiento legal de la enorme y masiva corrupción que, de acuerdo con todos los indicios disponibles, proliferó en las oficinas públicas en los sexenios anteriores, aclaración que ha sido una insistente demanda popular desde que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección el 1º de julio pasado.
No debe soslayarse, al respecto, que Lozoya Austin es señalado como pieza central de esa corrupción y como uno de los vasos comunicantes entre la administración de bienes públicos, las campañas electorales de su partido, el Revolucionario Institucional, y las cuentas personales en paraísos fiscales. Por ello, su proceso legal podría arrojar mucha información para articular lo que hoy por hoy es sólo un conjunto de cabos sueltos y vincular a los monumentales desvíos de recursos públicos a cuando menos dos ex presidentes: Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en cuyas administraciones habrían tenido lugar los hechos de corrupción de Odebrecht en nuestro país que han sido documentados por las autoridades judiciales brasileñas y que el gobierno anterior se resistió a investigar.
Aunque resultan comprensibles la intensidad y la urgencia de las exigencias de justicia para los saqueos perpetrados en el pasado reciente, debe señalarse que si bien éstos son inocultables en conjunto, resultan difícilmente comprobables en sus detalles y movimientos concretos: debe tenerse en cuenta que quienes participaron en ellos tuvieron las condiciones necesarias para darles un barniz de legalidad o bien para destruir u ocultar la mayor parte de las pruebas. Por ello, esclarecer esa corrupción e integrar las averiguaciones en contra de personas específicas es necesariamente una tarea ardua y lenta que requiere de la colaboración entre diversas dependencias; en el caso referido, han debido intervenir la UIF, la FGR y la SFP.
La perspectiva de que las imputaciones contra Lozoya y Ancira permitan abrir la caja de pandora de la reciente corrupción depende, en gran medida, de la solidez de las imputaciones. Cabe esperar que el tránsito de la antigua procuraduría a la actual fiscalía marque la diferencia en la calidad del trabajo y que se logre por fin demostrar ante las autoridades jurisdiccionales la devastadora apropiación ilícita de recursos públicos que tuvo lugar en los sexenios anteriores y que es, sin duda, una causa central de los problemas que enfrenta el país.
